La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, va a iniciar una campaña contra la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que actualmente se encuentra pendiente de la ratificación del Parlamento Europeo. Esta organización agraria promoverá la presentación de mociones en los ayuntamientos y diputaciones andaluzas, con objeto de recabar apoyos de sus Plenos y que insten a la Junta, Ministerio y europarlamentarios para que rechacen de forma clara un acuerdo que perjudica seriamente los intereses de los productores andaluces.

Esta organización agraria recuerda que la progresiva liberalización de las transacciones comerciales en el área Euromediterránea sin que existan mecanismos de control efectivo de los volúmenes y precios de entrada está provocando el derrumbe de los precios en origen, comprometiendo de forma clara la rentabilidad y el futuro de las explotaciones hortofrutícolas andaluzas, un sector estratégico para el empleo y la creación de riqueza en las comarcas afectadas.

En este sentido, los estudios de impacto elaborados por la Comisión Europea muestran que el aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas es gravemente lesivo para el sector hortofrutícola andaluz, al no poder afrontar la competencia de los países vecinos Mediterráneos, cuyas producciones soportan unos costes de producción considerablemente inferiores. Es, por tanto, necesario condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países. Por otra parte, los Acuerdos de Asociación carecen de cláusulas que permitan verificar el impacto de la apertura comercial para ambas partes, especialmente en lo referente a aspectos medioambientales, derechos laborales y desarrollo económico y social de la población local.

Además, COAG considera muy importante que el Parlamento Europeo rechace la ratificación de un Acuerdo que ahonda en la peligrosa deriva hacia la liberalización que tan nefastas consecuencias tiene en el sector productor comunitario. Esta decisión supondría también un espaldarazo a la oposición a la propuesta de reforma de la PAC que actualmente está encima de la mesa, y que precisamente profundiza en esa senda desreguladora, obviando los mecanismos de gestión y organización de unos mercados que se mueven por intereses especulativos y que no tienen en cuenta el carácter estratégico de la producción.