La extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales tras el Decreto Ley5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público ha abierto un proceso de liquidación del patrimonio que está resultando problemático, en el caso de las Cámaras Agrarias Provinciales por primar la Consejería de Agricultura los criterios políticos por encima de los jurídicos y no tener en cuenta la representatividad de cada una de las organizaciones agrarias destinatarias de los bienes y, en el de las Cámaras Agrarias Provinciales, por la falta de concreción de la Ley acerca de los destinatarios de los bienes. Con respecto a las Cámaras Agrarias Provinciales el traspaso del patrimonio a las organizaciones agrarias está recurrido por ASAJA ANDALUCÍA y admitido el recurso a trámite por el Tribunal Superior de Justicia- ASAJA ANDALUCÍA está en desacuerdo con el reparto efectuado por la Consejería de Agricultura en bloque y por terceras partes indivisas considerándolo arbitrario y contrario a derecho. Exige que se haga provincia por provincia y término a término en función de la representatividad de cada una de las organizaciones agrarias en los distintos ámbitos en los que actúan. Disputa también la aclaración de la deuda de 1.359.264,62 euros generada por el despido de trabajadores de la que es acreedora la Administración, que adelantó el dinero de las indemnizaciones (a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía) no respetando el pacto de la comisión liquidadora que acordó proceder a la enajenación de inmuebles para saldarla y pretendiendo ahora que la asuman las organizaciones agrarias. Aparte existen problemas con bienes propios de las cámaras provinciales que sí han sido enajenados por la Administración, con total falta de transparencia. En la provincia de Granada en concreto se ha enajenado una nave en Santa Fe propiedad de la Cámara Provincial sobre la que no se sabe nada acerca del informe de tasación para fijar el valor del bien ni sobre el dinero ingresado por la venta (que debería ser el de liquidar las obligaciones de la Cámara Provincial de Granada) a pesar de los requerimientos de ASAJA GRANADA a la delegación provincial de Agricultura para reclamar la documentación que obra en el expediente administrativo de venta.

Más enredada todavía se encuentra la liquidación del patrimonio de las cámaras agrarias locales puesto que el Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, no precisa el destino que debe darse a los bienes resultantes de la liquidación sino que únicamente señala que “el patrimonio del resto de Cámaras Agrarias se aplicará a fines y servicios de interés general agrario” (artículo 15) abriendo la puerta a que se concedan a los ayuntamientos, como parece que así ha decidido la Consejería de Agricultura. ASAJA GRANADA teme en concreto por la suerte de las agrarias locales de Cúllar y de Pedro Martínez que han dejado de prestar servicios a los agricultores por jubilación de los responsables de su custodia o por renuncia a sus obligaciones. Se abre otro frente en el que nuestra organización agraria peleará asimismo por la cesión justa de los bienes de las Cámaras locales para destinarlos a los usos originarios agrícolas según la representatividad que corresponda a cada una de las organizaciones agrarias y para evitar el riesgo de que caigan en manos de los ayuntamientos u otros organismos que no velen por el interés agrario, como señala la ley. Debemos recordar que las Cámaras Agrarias son las herederas de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos surgidas tras la Guerra Civil y que las organizaciones agrarias son las que han venido a sustituir estas entidades con las labores de representación, reivindicación y negociación de los intereses económicos y sociales del campo español.