El sector hortofrutícola español se muestra totalmente decepcionado por el resultado de la votación en el Pleno del Parlamento Europeo de la ratificación del Acuerdo UE Marruecos que implica mayores concesiones en el apartado agrícola al reino de Marruecos y que perjudica de forma directa a nuestros productores de frutas y hortalizas. ASAJA exigirá a la UE el establecimiento de compensación destinadas a paliar las pérdidas que sufrirán los productores españoles así como el máximo rigor y vigilancia extrema para que las importaciones procedentes de Marruecos cumplan con todas las condiciones fijadas para acceder al mercado comunitario.

Tras el resultado de la votación, el propio ponente José Bové ha decidido retirar su nombre del Dictamen. Hay que recordar que la Comisión de Agricultura del PE rechazó la ratificación del Acuerdo, mientras que la Comisión de Negociaciones Internacionales enmendó el Dictamen de Bové hasta darle una orientación contraria a la inicial que era la de oponerse a las pretensiones de la Comisión Europea de ratificar el Acuerdo.

Durante el debate que tuvo lugar el pasado martes en Estrasburgo, ya se pudo observar que la delegación española se quedaba prácticamente sola en su rechazo al Acuerdo y que buena parte de los diputados se decantaría por hacer caso omiso a las consideraciones de la Comisión de Agricultura.

El Pleno del PE ha ignorado por completo las consideraciones del Informe Bove, donde además del conflicto del Sahara Occidental, se pone de manifiesto la falta del preceptivo estudio de impacto económico; el incumplimiento sistemático de las cláusulas del Acuerdo en vigor por parte de los exportadores marroquíes y los operados en la UE; las irregularidades aduaneras, y la falta absoluta del mas mínimo principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta.

Tras este inmerecido castigo a las producciones españolas, que ven como anualmente este Acuerdo supone perdidas para el sector de 2.240 millones de euros (un 16% de su facturación), es de vital importancia que nuestra Administración centre sus esfuerzos en que las autoridades comunitarias establezcan compensaciones económica para paliar dichas pérdidas y apliquen las cláusulas del Acuerdo con total y absoluto rigor, impidiendo fraudes e irregularidades en las importaciones y nuevos incumplimientos sistemáticos de las condiciones, cantidades, calendarios y precios de entrada de productos importados de Marruecos.

Estos esfuerzos deben centrarse no solo en una nueva reglamentación comunitaria que no de lugar a interpretaciones que desvirtúen el Acuerdo, sino también a la puesta en marcha de recursos suficientes para que la Unión Europea disponga de una verdadera frontera común, y que determinados puertos europeos dejen de ser el “coladero” que actualmente son.