España podría perder fondos comunitarios de FEADER por importe de unos 3,5 millones de euros, por no haberlos utilizado en el plazo establecido. Estos fondos estaban asignados al Programa nacional que gestiona directamente el Ministerio, también llamado PDR de la Red Rural Nacional. Después de diversos avatares y accidentes, el Programa se modificó profundamente y se recortó en 2009, por incompatibilidad de las actuaciones que pretendía realizar el Ministerio con la normativa comunitaria, repartiéndose los fondos recortados entre las CC.AA.

Ahora, y a pesar de este recorte, parece confirmarse que el Ministerio no ha podido utilizar una parte de los fondos que se quedó, que se pierden así definitivamente, por aplicación de una norma comunitaria llamada “regla n+2” (por los dos años adicionales de plazo que se dan antes de retirar los fondos). La situación ha sorprendido entre los conocedores de la gestión de estos fondos comunitarios, que hasta casi el final del plazo recibieron desde Madrid previsiones de ejecución completa del Programa, y que creen que la pérdida solo puede deberse a problemas de gestión internos, porque no parece concebible que un país como España, que cuenta en Bruselas con una bien ganada fama de buen gestor de los programas de desarrollo regional y rural, no haya sido capaz de aplicar una cantidad que, aunque moderada, habría contribuido a aliviar la maltrecha situación de las cuentas públicas.

Según informó el Ministerio a finales de 2011 (justo antes de vencer el plazo de la anualidad 2009) a las organizaciones que participan en la Red Rural Nacional, se estaba haciendo un esfuerzo para rebuscar por todo el Ministerio gastos que pudieran imputarse a este Programa, pero por lo visto esto no ha sido suficiente. En este esfuerzo final se informó que se iban a imputar al Programa gastos de índole muy diversa, empezando por diversas contrataciones con empresas para dar apoyo al Ministerio en diversos ámbitos de gestión (ejemplo: registro de transportistas de subproductos animales), siguiendo por gastos de todo tipo de reuniones (ejemplo: seminario de fiscales de medio ambiente), cursos (ejemplo: alta dirección para gestores de empresas agroalimentarias), estudios (ejemplo: bienestar en pollos), programas informáticos (ejemplo: registro de movimientos de ganado) y hasta premios (ejemplo: Fundación Biodiversidad).