Desorganización e ineficacia, así es la situación que está viviendo la gestión de la política hídrica andaluza en el último año. Sin precedentes similares, los agricultores y usuarios de agua de Andalucía nos estamos rigiendo por dos legislaciones diferentes, por un lado quienes están dentro de la cuenca del Guadalquivir, que se rigen por la legislación nacional en materia de agua, mientras que el resto del territorio queda bajo la legislación autonómica; es decir que el 60% del territorio andaluz está tutelado por la normativa nacional, y el 40% restante por la polémica Ley de Aguas de Andalucía.

En opinión, de ASAJA-Almería, la situación generada tras la anulación el pasado mes de marzo de 2011 del artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía por que se declaraba que no es competente sobre las aguas del Guadalquivir está generando agravio comparativo entre los regantes, por lo cual reclama la paralización de la Ley de Aguas de Andalucía hasta que no se solvente esta situación. Recordemos que esta devolución de competencias al Estado tuvo lugar el pasado mes de octubre y ahora, el Parlamento andaluz aprobó el pasado mes de diciembre por unanimidad reclamar la Delegación de estas competencias atendiendo al artículo 150.2 de la Constitución que establece que el Estado puede transferir o delegar en las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica facultades de titularidad estatal (entre ellas la de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos en materia de agua).

Por poner un ejemplo de este agravio, a los agricultores de la Cuenca del Guadalquivir no se les aplica el canon de servicios generales (art. 100 de la Ley de Aguas) que servirá para cubrir los gastos de administración de la Administración Andaluza del Agua, ya que este canon se exigirá en el ámbito territorial de Andalucía definido por sus competencias en materia de agua, pero si en la cuenca del Guadalquivir se aplica la norma nacional no se entiende que deba ser sólo el 40% del territorio el que sufrague y costee toda la política de aguas de Andalucía.

Y es que la propia aplicación de la Ley de aguas está generando situaciones inverosímiles entre los agricultores que ven cómo ahora la Agencia Andaluza del Agua les reclama la realización de proyectos (sufragados por el bolsillo del agricultor) para “regularizar” las balsas de riego de titularidad privada.

Además, sin tener en cuenta los períodos de sequía pretende limitar el agua que se utiliza en regadío incluso en aguas catalogadas como privadas, o impedir que propietarios de concesiones privadas no puedan usar su agua si las parcelas no son limítrofes.

Es decir, que los agricultores y los usuarios de agua reclamamos una vuelta a la cordura en la gestión del agua en Andalucía, y por ello desde ASAJA-Almería pedimos al Gobierno andaluz actual la paralización de la aplicación de esta Ley, y al Gobierno elegido tras las próximas elecciones, su revisión para que se garanticen los derechos de los usuarios del agua.

Los agricultores y los regantes son los principales interesados en una buena gestión y aprovechamiento racional de un recurso tan necesario como escaso, pero esta optimización debe ir acompañada de criterios lógicos y no basada en medidas unilaterales que no tienen en cuenta las particularidades en los cultivos, la climatología y las situaciones específicas de cada zona.