Los recientes incendios en varias provincias y la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de que España está entrando en un periodo de sequía metereológica motivan una proposición no de Ley sobre prevención y extinción de incendios que el Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en el Registro del Congreso de los Diputados para su debate en el Pleno de la Cámara. Suscriben la iniciativa la portavoz de Medio Ambiente del grupo, Leire Pajín, y las diputadas Pilar Alegía (Zaragoza), Teresa Cunillera (Lleida) y Laura Seara (Ourense).
La proposición reconoce que la competencia en la gestión de los incendios forestales corresponde a las Comunidades Autónomas, pero matiza que el Estado conserva atribuciones, entre otras, en materia de legislación básica, aportación de medios materiales y personales de refuerzo en materia de prevención y extinción de incendios o de lucha contra la deforestación.
En sintonía con estas atribuciones, la iniciativa socialista dice que es “imprescindible que el Gobierno encare con urgencia esta situación” y que active, cuanto antes, “los protocolos de actuación contra la sequía, que se impulsen los medios de prevención y extinción de incendios que dependen del Gobierno de la nación y que asuma la función de coordinación de la actuación de las CCAA en esta materia”.
Asimismo, la propuesta recalca que estamos ante una situación excepcional de la que son ejemplos los incendios de en los Pirineos de Huesca, Lleida y Girona, así como en las provincias de de Lugo y León y que ha supuesto ya 13.541 hectáreas quemadas, un 93,25% de superficie más que en el mismo ejercicio del año pasado.
Ante esta situación, el GPS insta al Gobierno a que “fomente e impulse una política pública de prevención y de extinción de incendios forestales. En especial a:
1.- Reunir, a la mayor brevedad, el Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales (CECO) con el fin de actualizar la información disponible, seguir el desarrollo de los incendios y administrar medios y recursos.
2.- Activar, de forma inmediata, los correspondientes protocolos y planes de prevención y lucha contra incendios.
3.- Reunir, de forma inmediata, a las Comunidades Autónomas para coordinar la actuación de las administraciones públicas en materia de prevención y extinción de incendios.
4.- Incrementar, de forma decidida y no temporal, y con recursos económicos suficientes, la aportación estatal en medios materiales y personales para la prevención y extinción de incendios. Especialmente:
• Los medios aéreos y terrestres de cobertura nacional, y las partidas presupuestarias destinadas, en los distintos departamentos ministeriales, a la prevención de incendios.
• El personal dependiente de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la Unidad Militar de Emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa”.
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