LA UNIÓ de Llauradors informa que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha instado a la Jefatura de la 601ª Comandancia de la Guardia Civil a investigar los robos de gasóleo agrícola que se han producido en las últimas semanas en casetas agrícolas de la comarca del Camp de Morvedre, tal y como le había trasladado esta organización profesional agraria.

LA UNIÓ remitió hace unos días una petición a la Delegación de Gobierno donde le alertaba de un aumento de los robos en la comarca del Camp de Morvedre del gasóleo agrícola que los agricultores tienen en depósitos dentro de casetas situadas en sus fincas agrícolas. En este sentido, existen interpuestas ya diversas denuncias en los puestos de comandancia de la Guardia Civil de la zona y limítrofes.

Aparte del valor del gasóleo sustraído -que en alguno de los casos supera los 500 litros y del hecho de que su precio sea cada vez más caro,, los costes se incrementan con la rotura de las puertas de acceso a las casetas o los destrozos en los depósitos del gasóleo.

LA UNIÓ ha pedido a la Delegación del Gobierno que “se incremente la vigilancia en el ámbito rural con la finalidad de evitar estos hechos que contribuyen, más si cabe, a disminuir la rentabilidad de las explotaciones citrícolas por los incrementos de los costes necesarios para la reposición de los daños que sufren en su propiedad, además del producto robado”.

En este sentido desde LA UNIÓ se solicita al Gobierno central que aproveche la remisión de una nueva modificación del Código Penal a las Cortes Generales para que se introduzcan las correcciones necesarias con objeto de disminuir el límite hasta el cual se considera un delito como hurto, en este caso de 400 euros, hasta los 100 €. Del mismo modo que se acumule el valor de los daños que se producen para robar, entre otros aspectos que no se consiguieron incorporar en la anterior reforma del Código Penal.

El secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, apunta que “ahora que el Partido Popular ha accedido al Gobierno tiene la oportunidad de incorporar las peticiones que aportó al Senado y al Congreso de los Diputados en la anterior reforma y que iban en la línea que viene exigiendo el sector agrario para lograr, de una vez por todas, frenar esta oleada de robos que recaen en los ya menguados bolsillos de los agricultores y ganaderos valencianos”.