El pasado 25 de junio se sometió a información pública la solicitud de la sociedad TROFAGAS HIDROCARBUROS, S.L para la realización de sondeos en busca de gas metano en el subsuelo de una amplia zona de las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid y Segovia, la cual abarcaría una superficie de 96.315 ha.

La aprobación de estos sondeos conllevaría la autorización del empleo del método de extracción denominado Fracking, o Fractura Hidráulica en castellano, consistente en una técnica agresiva de realización de explosiones en el subsuelo para la ruptura de la roca madre e inyección de un fluido a elevada presión que contiene agua, arena y un 2% de productos químicos como benceno, xileno, naftaleno y otros. Este fluido tiene una fase de retorno que emerge a la superficie junto al gas y que puede oscilar entre el 15 y el 80 % del líquido inyectado; la parte no recuperada del fluido permanece en el subsuelo desde donde podría migrar hacia la superficie o hacia los acuíferos.

Esta técnica está siendo utilizada desde hace una década en EE.UU. teniendo consecuencias negativas sobre el medio ambiente, las personas y las reservas de agua dulce. El Fracking está totalmente prohibido en países como Francia; en Alemania, Gran Bretaña y EE.UU. se han impuesto moratorias para estudiar sus efectos. La aplicación del principio de prudencia que parece imperar en otros países de nuestro entorno es lo que desde COAG y UPA reclamamos a la Junta de Castilla y León y que, en consecuencia, rechace las autorizaciones a las empresas que pretendan utilizar esta peligrosa técnica en nuestra comunidad.

Esta forma de extracción de gas sería una catástrofe medioambiental de elevadas dimensiones afectando muy directamente al sector agrario, destrozando numerosas hectáreas en las que se ubican las plantas de extracción, contaminación de tierras, aguas subterráneas y superficiales; además, existe el riesgo de pequeños seísmos, de contaminación del aire y de afecciones a la salud humana.

Desde la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG queremos denunciar este modo de extracción de gas que pone en peligro la calidad de los recursos naturales de nuestra región, y reclamamos a la Administración autonómica que se replantee su apoyo a la utilización de esta técnica para la explotación de los recursos gasísticos de la comunidad, por poner en grave riesgo la salud medioambiental y la subsistencia del medio rural de nuestra región.