El Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha señalado que con los dos anteproyectos aprobados ayer en Consejo de Ministros, uno para fomentar la integración cooperativa y otro para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, “el Gobierno cumple el compromiso electoral más importante en el marco del sector agroalimentario y, a la vez, afronta una reforma estructural muy potente en este sector”.

Así lo afirmaba Arias Cañete en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, quien ha subrayado que el Ejecutivo era “muy consciente” de la importancia del sistema agroalimentario en el Producto Interior Bruto nacional (casi un 7,8%), además de generar casi 1,8 millones de puestos de trabajo. Además, se trata de un sector muy innovador y competitivo, con un incremento “muy notable” de sus exportaciones, lo que contribuye a la reducción del déficit comercial.

El titular de Agricultura ha explicado que los dos anteproyectos aprobados hoy tienen el objetivo principal de conseguir un sector “más potente, competitivo, innovador, y exportador, y que tenga más capacidad de traslación de costos a los precios finales”.

INTEGRACIÓN COOPERATIVA

Así, el anteproyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carecer agroalimentario viene a regular la situación de un sector “muy importante” en el marco de la estructura productiva agraria española, con más de 4.000 cooperativas, pero que está muy atomizado, lo que le confiere muy poca capacidad negociadora. “Ninguna cooperativa española está entre las 25 más grandes de la Unión Europea, y además, todas las cooperativas españolas apenas facturan 17.405 millones de euros (en 2011), ha dicho el ministro.

Por lo tanto, para reforzar las cooperativas españolas, se hace necesaria una “reforma estructural muy potente”, para reducir el número de cooperativas y aumentar su tamaño, a través de procesos de integración cooperativa “que permitan su redimensionamiento, modernización, competitividad e internacionalización”, ha recalcado el ministro.

Como herramientas para lograr estos fines, el ministro ha anunciado que se va a establecer un Plan Nacional de Integración Cooperativa, para coordinar las políticas de fomento asociativo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, junto con el sector. También se va a proceder a la creación de la Entidad Asociativa Prioritaria, con un ámbito de actuación supraautonómico, con capacidad de comercialización conjunta de la totalidad de la producción.

Según ha resaltado el ministro, “con la legislación vigente era muy difícil que se fusionase una cooperativa de una comunidad autónoma con la de al lado; y totalmente imposible que hubiera una cooperativa única de carácter nacional que integrara la producción de todo un sector. Y lo que hemos hecho es eliminar todas las trabas y establecer todos los incentivos necesarios para hacer posible que podamos tener cooperativas potentes que alcancen los niveles de facturación de las cooperativas europeas”.

REEQUILIBRIO DE LA CADENA ALIMENTARIA

Al mismo tiempo, Arias Cañete ha explicado que se hacía necesario conseguir el equilibrio de la cadena alimentaria, “conseguir que los productores agrarios y las pequeñas industrias participen de manera eficiente en la cadena de valor”. El ministro ha señalado que la gravedad del problema de la bajada de precios de los productores ha hecho que “no esperemos a la legislación comunitaria sino que hayamos anticipado una legislación nacional, que la propia Comisión Europea y muchos Estados Miembros están solicitando”.

Arias Cañete ha justificado la necesidad de esta ley porque se estaban produciendo “fuertes desequilibrios en las relaciones comerciales entre los distintos operadores”. Por ejemplo, si analizamos las empresas de la distribución comercial organizada, los 5 primeros operadores tienen el 40,3% de la cuota de mercado en valor del total de alimentación. “Es decir, tenemos una fuerte concentración de la distribución, un sector industrial de dimensión pequeña y tenemos 989.000 productores, integrados en cooperativas de escasa dimensión”, ha completado.

Según ha detallado Arias Cañete, el proyecto de ley establece la obligación formalizar por escrito los contratos alimentarios; prohíbe determinadas prácticas comerciales, como modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos; y regula otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas.

Junto a esto, se establece un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos. Además, los operadores podrán suscribir otros códigos de buenas prácticas mercantiles.

Como árbitro en esta materia, Arias Cañete ha señalado que el Gobierno actúa a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria, para garantizar el buen funcionamiento de la cadena, informar de la propuesta del Código de buenas prácticas y promover su adhesión entre los operadores de la cadena.

En definitiva, “si obligamos a que los precios sean por escrito, si el agricultor cuando entrega la mercancía conoce perfectamente el retorno que va a obtener, si no va a haber sorpresas por el camino, estamos garantizándole un precio objetivo justo”, ha concluido.