LA UNIÓ de Llauradors denuncia que los afectados por el gasoducto Tivissa-Paterna, a su paso por algunas comarcas de Castellón y Valencia, sufren un considerable retraso en el fallo del Jurado Provincial de Expropiaciones que en algunos casos se acerca ya casi a los dos años. LA UNIÓ agrupa a unos 350 afectados, el colectivo más numeroso de cuantos se han constituido, que representan unos 400.000 metros cuadrados.

Los afectados del tramo 1, que son la mayor parte de los expedientes, esperan desde mayo de 2011 el fallo del jurado; los del tramo 3 unos quince meses y los del tramo 2 pronto hará un año. Las obras del tramo 2 se iniciaron en septiembre de 2011 pero todavía no han finalizado.

LA UNIÓ considera muy grave la tardanza del jurado en resolver las alegaciones presentadas en su día por los afectados porque les deja así sin ninguna posibilidad de defender sus legítimos intereses. Además se debe tener en cuenta que el jurado es juez y parte ya que no tiene agricultores entre sus miembros que son elegidos y pagados por la parte expropiadora, el Ministerio de Industria para la beneficiaria Enagas, lo que agrava la indefensión de los afectados.

El jurado provincial de expropiaciones está formado por un magistrado de la Audiencia Provincial, un abogado del Estado, un notario, un funcionario del cuerpo Técnico Administrativo que actúa como secretario, dos funcionarios técnicos y hasta el pasado mes de diciembre un representante de la Cámara Agraria Provincial porque ha quedado disuelta. Este último era según la Ley de Expropiaciones el único representante del expropiado, pero al que no se podía acceder, ni influir, ni consultar y que además no estaba nombrado por los representantes legales de los afectados, que son las organizaciones profesionales agrarias.

Esta expropiación se remonta al mes de mayo de 2010 cuando comenzaron los alzamientos de actas para los afectados que aglutina LA UNIÓ, que consideraron en su día que los precios que ofrecía la Administración no eran los adecuados y por ello se decidió recurrirlos ante el jurado provincial de expropiaciones que no ha fallado aún pese al tiempo transcurrido.

Los afectados no han recibido apenas información al respecto ni por parte del Jurado ni por parte de la Administración cuando perdieron sus terrenos, su medio de vida y ni siquiera saben el precio con que les va a indemnizar y tampoco cuando van a cobrarlo.