ASAJA Castilla y León pide que se excluya a los cargos políticos de los órganos de interlocución con el sector agroalimentario

Dentro de las alegaciones que presentará ASAJA la próxima semana al anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León, se encuentra la de que los miembros de las organizaciones profesionales agrarias que formen parte de los órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario no ostenten cargos públicos a nivel superior al municipal. La organización trata así de evitar que personas del ámbito de la política, que compatibilizan sus responsabilidades con cargos en las organizaciones agrarias, puedan representar a los agricultores y ganaderos en órganos consultivos regulados en la Ley Agraria, y en concreto en el Consejo Agrario de Castilla y León, en los Consejos Agrarios Provinciales, en el Comité Asesor Agroalimentario y en el Comité del Cooperativismo Agrario de Castilla y León. Esta propuesta que hace ahora ASAJA no es nueva, pues la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla y León, aprobada en 1995, ya establece que “los miembros rectores de las Cámaras Agrarias no podrán ejercer cargo público, ya sea de elección pública o designación, salvo los de concejal o alcalde”.

Por otra parte, ASAJA valora el papel que la nueva ley otorga a las organizaciones profesionales agrarias al establecer que “son el cauce formal de interlocución y participación del sector agrario en la planificación de la política agraria y en materia de desarrollo rural”. Lo que no reconoce la Ley es el papel de las organizaciones profesionales en su faceta de prestar servicios a los agricultores y ganaderos en materias como la formación, al información, la tramitación de ayudas, la gestión del seguro agrario y, en general, la intermediación en todas las relaciones con las administraciones a las que se ven obligados los profesionales del campo. Las organizaciones agrarias son las que están solucionando todos los problemas burocráticos a los agricultores y ganaderos y las que están apoyando las incorporaciones de jóvenes al campo, algo que las administraciones no valoran.

ASAJA comparte que se fije en la Ley una evaluación periódica de la representatividad, que sea democrática, y que el censo se base en los cotizantes a la Seguridad Social por su condición de agricultores o ganaderos. En este sentido, ASAJA pedirá a la consejera que en esta normativa se prevea y defina cómo, atendiendo a los resultados de las elecciones de representatividad, se van a sustituir a los actuales miembros del pleno de las Cámaras cuando finalice su mandato dentro de cinco años.