En el Consejo de Ministros de la Energía de la UE celebrado el viernes pasado, ha habido opiniones divididas sobre la propuesta de la Comisión de limitar a un 5% el uso de biocombustibles de primera generación (fabricados a partir de cultivos alimentarios) para alcanzar el objetivo de 10 % de energía renovable en el transporte en 2020. La propuesta promueve el desarrollo de los biocombustibles de segunda generación (elaborados partir de materia prima no alimentaria, como desechos o paja).

Los países del norte de Europa se han mostrado favorables a la propuesta de directiva. Incluso, algunos como Suecia o Reino Unido han planteado que habría que debatir más profundamente si habría que aplicar el límite del 5% tanto al bioetanol como al biodiésel, teniendo en cuenta que la producción de este último produce más emisiones. Por el contrario, los países del sur han mostrado su preocupación por el impacto que tendría esta propuesta en las inversiones ya realizadas en instalaciones de producción de biocombustibles de primera generación.

El próximo 21 de marzo, esta propuesta de directiva será debatida en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente.

La Comisión presentó esta propuesta en octubre pasado. Por primera vez, se tuvo en cuenta la incidencia global de la reconversión de tierras (cambio indirecto del uso de la tierra) al evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocombustibles. El objetivo es minimizar las emisiones resultantes de situaciones de terrenos no agrarios, como bosques, que se talan para la producción alimentos, piensos o fibras, debido a que las tierras agrarias, que previamente estaban destinadas a este fin, ahora se dedican en gran parte a la producción de biocombustible.

La Comisión propone modificar la legislación actual sobre los biocombustibles mediante dos Directivas, la Directiva sobre las energías renovables y la Directiva sobre la calidad de los combustibles. En particular, propone:

– Incrementar al 60 % el umbral mínimo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las nuevas instalaciones, para mejorar la eficiencia de los procedimientos de producción de biocombustible y desincentivar las inversiones en instalaciones cuyo rendimiento, medido en emisiones de gases de efecto invernadero, es malo.

– Incluir los factores de cambio indirecto del uso del suelo en la comunicación por los suministradores de combustible y los Estados miembros de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocombustibles y biolíquidos.

– Limitar al nivel de consumo actual (5 %) el volumen de biocombustibles y biolíquidos producidos a partir de cultivos alimentarios que puede contabilizarse en el porcentaje del 10 % fijado como objetivo de energía renovable para el sector del transporte de la UE de aquí a 2020, sin variar los objetivos generales de producción de energía renovable y disminución de las emisiones de carbono.

– Arbitrar incentivos de mercado para los biocombustibles que no supongan emisiones por cambio indirecto del uso del suelo o que supongan pocas emisiones de esa naturaleza, y, en particular, para los biocombustibles de segunda y tercera generación producidos con materia prima que no genere una demanda adicional de tierras como, por ejemplo, las algas, la paja y varios tipos de desechos, dado que contribuirán en mayor medida a alcanzar el objetivo del 10 % de energía renovable en los transportes fijado por la Directiva sobre las energías renovables.