Ayer se celebró en Madrid, el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han preparado el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en el que continúan las negociaciones de cara a la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC)
La Consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano se ha opuesto a la intención de Bruselas de aplicar un criterio de convergencia de ayudas –limitar las diferencias entre lo que perciben unas regiones o sectores y otros- que supone un amplio trasvase de fondos de un sector a otro, que podría alcanzar el 30%, mientras que Castilla-La Mancha y el ministerio apuestan por un sistema más suave, que ronde el 8%.
Además, ha reiterado la necesidad de que España obtenga cierta flexibilidad para adaptar algunas medidas a la realidad de su agricultura y ganadería. Especialmente ha hecho hincapié en su oposición a incrementar la superficie española con derecho a ayudas, que Bruselas pretende elevar a 38 millones de hectáreas por los casi 22 millones actuales.
“Eso supondría que entraran en el sistema de ayudas muchos terrenos que no son de agricultores y ganaderos profesionales a costa de reducir casi a la mitad la percepción de aquellos que hoy tienen derecho a ayudas, lo que llevaría a la ruina a muchas explotaciones”, ha criticado la titular de Agricultura de Castilla-La Mancha.
También ha reivindicado menor peso de los criterios medioambientales en la concesión de ayudas, frente a la propuesta de la Comisión Europea de que el 30% de las subvenciones se concedan en función de los requisitos medioambientales a través del llamado greening.
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