El Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende la necesidad de recuperar los fondos que la OCM actual destinó a la medida de pago único del anterior programa de apoyo sectorial, para el nuevo programa vitivinícola que se aplicará en el periodo 2014-2018 que excluye dicha medida.

Para el presidente del sector, Ángel Villafranca, “los viticultores españoles deben tener acceso al cobro de las ayudas del pago básico por superficie de viñedo, en el régimen de pagos directos a la agricultura resultante de la nueva la Política Agraria Común que ahora se negocia”.

El sector vitivinícola cooperativo justifica esta reclamación, en beneficio de los viticultores y de las bodegas, basándola en numerosas y sólidas razones que avalan dicha compatibilidad, sin agraviar a otros beneficiarios de la PAC y así lo reconoce y lo ha manifestado también la consejera de agricultura de Castilla La Mancha, Maria Luisa Soriano, durante el acto de inauguración de FENAVIN.

Las bodegas cooperativas recuerdan que cuando la reforma de 2008, se transvasaron fondos propios del sector vitivinícola al segundo pilar, por un montante que se ha consolidado en 46,5 millones de euros anuales y durante todo el periodo de vigencia de dicha OCM supera ya en España los 175 millones de euros, de los que se han beneficiado también diversos sectores o acciones transversales no vitivinícolas.

Además, el nuevo programa de apoyo asumirá la financiación de ayudas a las inversiones específicas en este sector, con fondos propios del primer pilar, unas ayudas que hasta ahora corrían a cargo de los Programas de Desarrollo Rural (PDRs). Este cambio sustancial en la financiación de las inversiones cuenta con el respaldo unánime del sector y de las administraciones afectadas y producirá, sin duda, dos efectos muy positivos: Uno, al propio sector vitivinícola, que podrá seguir adaptando sus estructuras productivas a las exigencias del mercado sin consumir fondos de los futuros PDRs y, por tanto, sin cofinanciación por las administraciones estatal ni autonómicas; y otro, porque los recursos públicos previstos para estos fines quedarán en su totalidad a disposición de otros sectores agrarios u otras actuaciones horizontales en el ámbito rural.

El sector vitivinícola destaca por ser el más activo e innovador de la industria agroalimentaria española a través del segundo pilar, con una previsión de inversión total de unos 1.600 millones de euros en el periodo actual y un montante de ayudas que asciende a 350 millones de euros (cerca de 50 millones de euros/año y un 22% de ayuda media), es decir, casi un tercio de las inversiones totales, de las cuales este sector no participará en el próximo periodo.

A juicio de Ángel Villafranca “es muy importante para el sector vitivinícola español recuperar esos fondos y disponer de recursos financieros suficientes en el primer pilar para afrontar los nuevos retos y situarse también en igualdad competitiva con otros productores comunitarios como Francia o Italia”.

Finalmente, el sector vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias considera que resultará mucho más rentable y eficaz el empleo de los recursos públicos disponibles en políticas activas que obliguen a realizar acciones específicas en beneficio del sector y de todos sus componentes, que dedicarlos a otros fines que pueden invitar a la relajación y llevar al estancamiento.