El Consejo, el Parlamento y la Comisión de la Unión Europea (UE) han logrado un principio de acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará en los próximos siete años (2014-2020).

En una primera valoración calificamos como muy negativa la reforma aprobada puesto que penaliza a los profesionales del sector, y al modelo social y profesional de agricultura y ganadería que es estratégico en nuestra comunidad autónoma.

Además de reducirse el presupuesto para la PAC y por lo tanto los fondos que llegarán a los estados miembros, se establece un nuevo sistema de pagos que favorece a los que más hectáreas tienen y no a los que producen, y se aumentan las obligaciones para el cobro de las ayudas aplicando un falso `verdeo´ de la PAC.

Otro aspecto que no compartimos es que se elimina el tope de ayudas por explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran.

A expensas de conocer detalladamente los pormenores de dicho acuerdo, hay algunos sectores productivos importantes en la región como el vacuno de leche o el remolachero que salen muy perjudicados por la desaparición en los próximos años del sistema de cupos y cuotas que los regulan.

La nueva reforma también deja `tocada´ a la ganadería que no tiene base territorial como es la de Castilla y León, y por lo tanto que no tiene hectáreas para activar las nuevas ayudas de la PAC. Lejos de tener un tratamiento específico y preferencial la actividad ganadera vuelve a salir perjudicada.

Por otro lado la convergencia aprobada es excesiva puesto que se podrá desviar el 30 % de las ayudas de los agricultores y ganaderos profesionales, y por lo tanto los que genera actividad, empleo y riqueza, hacia hectáreas no productivas.

Respecto a los pagos acoplados, LA ALIANZA UPA-COAG siempre se ha posicionado a favor de que los estados miembros tuvieran máxima capacidad para reservar un porcentaje de fondos a favor de los sectores más desprotegidos.

Planteamientos de ayudas similares en un alto porcentaje para todos los sectores, con distintas rentabilidades y costes de producción, pueden ser positivos en países centroeuropeos pero en nuestro país, y también en Castilla y León, es sencillamente injusto y antisocial.

Además consideramos que la reducción presupuestaria va a traer consigo una pérdida de competitividad, que sin duda afectará a los profesionales del sector agrario de nuestro país.

LA ALIANZA UPA-COAG apunta que lejos de despejarse las incertidumbres, el acuerdo de esta mañana supone un serio perjuicio para los verdaderos profesionales ATP, puesto que es injustificable que se impulse políticamente quitar fondos a sectores competitivos para dárselos a hectáreas improductivas.

También esta primera valoración que realizamos no es nada positiva en materia de regulación de mercados, puesto que no se recogen medidas suficientes para actuar en situaciones extremas de crisis de precios.

LA ALIANZA UPA-COAG pide que la opción que Consejo, Parlamento y Comisión Europea han dejado a los estados miembros para actuar dentro de su territorio, permita ahora que el Magrama corrija estos perjuicios hacia los verdaderos profesionales, escuche las reivindicaciones de nuestra organización agraria, excluya de cualquier tipo de ayudas a campos de golf, inmobiliarias y otros perceptores ajenos a la agricultura y ganadería profesional, y priorice las políticas nacionales sobre los agricultores y ganaderos a título principal.