El objetivo de este documento, suscrito entre el Gobierno autonómico y el sector, es fijar la postura de Castilla y León sobre distintos aspectos de cara a la negociación en España de la aplicación de la PAC que comenzará en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural los próximos 24 y 25 de julio.

En la elaboración de esta posición de la Comunidad se ha tenido en cuenta el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y la Moción aprobada, por unanimidad con los votos a favor del PP, PSOE, IU y UPL, en las Cortes de Castilla y León, el día 8 de mayo de 2013, con el fin de conseguir para la Comunidad una PAC más fuerte y más justa para el periodo 2014-2020.

Castilla y León defiende la aplicación de un modelo nacional de la PAC siempre que garantice las singularidades de la Comunidad y que no se produzcan trasvases entre territorios o sectores. Tanto el Gobierno autonómico como el sector agrario consideran “una premisa fundamental” del modelo de aplicación de la futura PAC en España que se garantice la partida presupuestaria que se venía recibiendo.

La Junta y el sector agrario consideran necesario que se unan los conceptos de agricultor y ganadero activos y de actividad agraria aprovechando la flexibilidad que permite la redacción de la propuesta de Reglamento. Es necesario, según la Comunidad, establecer requisitos para todos los futuros beneficiarios, con independencia de los pagos que reciban, como acreditar su afiliación a la Seguridad Social o al régimen fiscal que corresponda a la actividad.

Respecto a la limitación de la superficie admisible, la Comunidad considera necesario limitar la superficie admisible en torno a 21 millones de hectáreas, la cifra utilizada para determinar la convergencia externa entre los distintos Estados Miembros.

Castilla y León considera necesario definir de forma adecuada el concepto de regiones agronómicas para que tenga en cuenta las distintas singularidades y la diversidad de los modelos productivos, permitirá aminorar el efecto de la convergencia interna y el trasvase entre territorios y sectores. En todo caso los criterios para efectuar esta regionalización deben garantizar, al menos, la dotación financiera que ha recibido Castilla y León en el actual periodo de programación. En concreto 925 millones de euros en pagos directos y 250 millones de euros en desarrollo rural anualmente.

Además se considera que la definición y delimitación de las regiones debe efectuarse por la Comunidad Autónoma en base a criterios comunes que se puedan establecer a nivel nacional y tomando como premisa fundamental el mantenimiento de la ficha financiera tanto en pagos directos como en ayudas acopladas.

La aplicación de esta convergencia, según la Comunidad, se debe realizar de forma progresiva a lo largo de cinco años, y además se debería establecer un porcentaje fijo limitado de los pagos en el primer año de aplicación.

Respecto al rejuvenecimiento del sector, Castilla y León considera necesario apostar por políticas novedosas dirigidas a este objetivo. Además se apuesta por destinar el 2% de financiación que la propuesta de reglamento de pagos directos permite para este pago, así como “dirigir el mismo a los agricultores y ganaderos que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de ayudas a la incorporación de jóvenes en el segundo pilar”.

Castilla y León apuesta por utilizar el porcentaje máximo de financiación para ayudas asociadas a determinadas producciones, en especial la ganadería sin base territorial, con el fin de apoyar a sectores con problemas específicos dada la coyuntura económica actual. Sectores como el ovino-caprino, vacuno de leche, vacuno de cebo intensivo e incluso el vacuno de carne extensiva en la medida necesaria para incentivar el mantenimiento de los actuales niveles de producción. También deben contemplarse algunos sectores agrícolas con un fuerte componente social y generadores de empleo como es el caso de la remolacha.

El documento acordado entre la Junta y el sector también hace referencia al componente verde o “greening”. Es necesario, según el acuerdo, analizar ampliamente las medidas propuestas para este pago y que no generen cargas adicionales para los agricultores y ganaderos.

En la elaboración de los nuevos Programas de Desarrollo Rural, desde Castilla y León se considera imprescindible incluir como medidas prioritarias las relacionadas con políticas estructurales, como son las dirigidas al relevo generacional y modernización de explotaciones, las líneas que permitan un incremento del valor añadido de las producciones agrarias, las inversiones en nuevos regadíos y la modernización de los existentes, el apoyo a las prácticas agroambientales y el apoyo a la investigación aplicada.

Además, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno autonómico y el sector, apuesta por buscar nuevos mecanismos de gestión de los mercados, “que garanticen una adecuada respuesta a las situaciones cada vez más frecuentes e impredecibles que han de producirse en la evolución de los precios y la disponibilidad de materias primas”.