La Alianza UPA-COAG valora muy positivamente el consenso alcanzado por todo el sector agrario regional en torno a un documento común, rubricado por la Consejería de Agricultura y por las organizaciones agrarias y cooperativas, y que fija la posición de nuestra comunidad ante la negociación que se abrirá mañana entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas para diseñar los criterios de aplicación en España de la PAC reformada para el periodo 2014-2020.

Para COAG y UPA este documento común es un refuerzo importantísmo de la posición de nuestra comunidad ante la apertura del proceso negociador en el estado español, a la vez que supone un respaldo y un fortalecimiento de los responsables de Castilla y León en la negociación para una mejor defensa del interés general de nuestros agricultores y ganaderos, confirmando el carácter absolutamente estratégico del sector agrario regional.

Entre otras cuestiones no menos importantes del documento firmado hoy, la ALIANZA UPA-COAG destaca especialmente la propuesta de que los perceptores de las ayudas PAC cumplan, entre otros, el requisito de ser cotizantes a la seguridad social agraria. Se atiende así, gracias al trabajo incesante desarrollado en este sentido durante años por COAG y UPA, una reivindicación histórica, que supone un claro avance en el sentido de priorizar el modelo social agrario, mayoritario en nuestra región, que nuestra organización representa y defiende.

Igualmente es destacable la apuesta unánime por el máximo porcentaje de financiación para las ayudas asociadas, con el fin de apoyar sectores muy importantes para Castilla y León con problemas específicos, como son la ganadería sin base territorial o la remolacha.

Otras propuestas comunes del sector agrario regional se refieren a la limitación de la superficie admisible, la delimitación de las regiones agronómicas para limitar el efecto de la convergencia interna, el apoyo a los agricultores jóvenes, el mantenimiento de las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, la definición de las prioridades para la elaboración de un nuevo Programa de Desarrollo Rural, o la búsqueda de mejoras en el funcionamiento del mercado y el fortalecimiento de las organizaciones de productores.