El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, afirmó ayer que “España se ha convertido en el país que más y mejor controla las importaciones de pescado en el mercado europeo”. Así lo ha asegurado en su intervención en un panel en torno a la lucha contra la pesca ilegal, junto con el asesor de la Comisaria Damanaki, César Debén, en el marco de la VI Conferencia Mundial del Atún que se celebra en Vigo.

Domínguez ha explicado el cambio en la actitud de la Administración española en materia de lucha contra la pesca ilegal, desde la llegada del actual equipo directivo de la Secretaría General de Pesca, en febrero de 2012. “Frente a una actitud anterior de excesiva cautela, la Secretaría General ha optado por un enfoque proactivo y un refuerzo del control sobre la flota española y sobre las importaciones de pescado hacia España”, ha subrayado el Secretario General.

Así, mediante la verificación de las licencias de pesca de los operadores que introducen pescado en el mercado español y del cumplimiento de los requisitos de las distintas Organizaciones Regionales de Pesca España ha conseguido mejorar esos controles, ha señalado Domínguez. Además, ha añadido, la Secretaría General ha promovido un cambio legislativo de la Ley de Pesca Marítima, para conseguir ampliar el tipo de sujetos pasivos de las infracciones de pesca ilegal.

En este sentido Carlos Domínguez ha valorado el esfuerzo compartido con todo el sector pesquero, en sus tres vertientes, extractiva, transformadora y comercializadora. Sin embargo, ha destacado como, a medida que estos controles se han puesto en marcha, la administración pesquera española ha podido comprobar que la aplicación de la legislación comunitaria en materia de lucha contra la pesca ilegal no es homogénea por parte de los Estados Miembros.

Por ello el Secretario General ha criticado el papel de la Comisión Europea en este ámbito, “ya que la falta de unos principios rectores por parte de la Comisión está permitiendo un desvío de la actividad de los puertos españoles hacia otros puertos europeos en los que los controles son menos exigentes”, ha apuntado Domínguez.

También ha resaltado la opacidad de algunos de los procedimientos de la Comisión Europea en esta materia, “en especial en lo referente a la identificación de países no cooperantes en materia de pesca ilegal, en el que los Estados Miembros no están suficientemente implicados”.

HOJA DE RUTA

Frente a ello Domínguez ha propuesto una hoja de ruta para reforzar los mecanismos europeos de lucha contra la pesca ilegal, basada en los siguientes principios:

· Que la carga de la prueba sobre la legalidad de las capturas recaiga en el exportador.

· Descartar el uso de mecanismos de listas negras de buques o países, en beneficio de otros basados en listas blancas de buques que cumplen con las normas de las ORP y prueban la legalidad de sus licencias.

· Denegar las autorizaciones a exportar hacia la UE a aquellos países que amparan a flotas ilegales

· Complementar las medidas de sanción a países no cumplidores, con instrumentos de cooperación para permitirles modernizar sus instituciones de control pesquero.

· Abrir el proceso de identificación de países no cooperantes en materia de pesca ilegal a los Estados Miembros, los operadores y las ONG para mejorar sus procedimientos.

· Buscar la coherencia de esta política con otras políticas de la UE, como la comercial, ya que no se entiende que la Unión Europea conceda ventajas comerciales a países que amparan la pesca ilegal a través de acuerdos comerciales, o de derogación de las normas de origen.

En esta ponencia, el asesor principal de la Comisaría Damanaki, Cesar Deben, ha afirmado que la Comisión Europea podría proponer la identificación de Papua Nueva Guinea como país no cooperante en materia de lucha contra la pesca ilegal.