Plataforma Rural y las 27 organizaciones que la conforman [1] han remitido una carta a los Ministros de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López, en relación a la posición que defenderán en el seno del Consejo Europeo (CE) sobre la revisión de las directivas europeas sobre agrocombustibles. Se espera que el CE consensúe una postura en los próximos días.

Las organizaciones muestran su preocupación por la última propuesta presentada por Lituania, quien preside el CE en este semestre, al valorar que “no aporta soluciones para afrontar los graves impactos ambientales y sociales generados por la extensión del uso de agrocombustibles en la UE”.

Dicha propuesta, entre otros aspectos preocupantes para Plataforma Rural, amplía el límite del 5% propuesto por la Comisión Europea para los carburantes fabricados a partir de materias primas agroalimentarias, hasta el 7%, muy por encima de los actuales niveles de consumo.

Ya en los niveles actuales, el consumo de agrocombustibles genera importantes impactos socioambientales en los lugares de cultivo de sus materias primas, como deforestación, acaparamiento de tierras y expulsión de comunidades campesinas, competencia con la alimentación (que afecta principalmente a las capas sociales más humildes) o fomento de monocultivos industriales y Organismos Genéticamente Modificados.

Los firmantes señalan algunas de las características del sector español de agrocarburantes para justificar la necesidad de un cambio en las políticas actuales. “El 93 % del biodiesel consumido en España se fabrica a partir de aceites de monocultivos que, como la palma o la soja, presentan unas emisiones por cambios indirectos de uso del suelo (ILUC) que anulan cualquier hipotética reducción de emisiones”, afirman en la carta. Un reciente estudio sobre el mercado español de biocarburantes, titulado “Biocarburantes – ¿A qué coste? Una revisión de los costes y beneficios de las políticas españolas de biocarburantes” [2] calcula que lejos de reducir emisiones GEI, los agrocombustibles consumidos en el Estado español supusieron un incremento de 6,5 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera en 2011.

El mismo estudio ha estimado como el sector recibió en ese mismo año más de 1.100 millones de euros de ayudas públicas, cuando sus beneficios económicos y socioambientales son ampliamente cuestionados en comparación con otras energías renovables, que en los últimos años están perdiendo buena parte del apoyo gubernamental.

Para Plataforma Rural, la producción sostenible de alimentos nunca debe quedar relegada por la producción industrial de monocultivos dirigidos a satisfacer nuestra adicción a conducir.

Basándose en algunas de las medidas tomadas por el Gobierno español recientemente para el mercado interno, como el fin de la exención fiscal a los agrocombustibles o una reducción sustancial en los objetivos obligatorios de consumo para 2013, la Plataforma insta al Gobierno a defender en el CE medidas con un sentido similar. Éstas son:

– Inclusión de factores ILUC obligatorios para asegurar que todos los impactos climáticos de los agrocombustibles se tomen en cuenta.

– Reforzar y endurecer el límite a los agrocombustibles (aquellos que compiten por la tierra y con los cultivos alimentarios)

– Promoción de alternativas verdaderamente sostenibles

– Reducción sustancial del consumo energético en el transporte para 2020

Plataforma Rural insta al Gobierno a que apoye estas medidas en las negociaciones que durante la actual semana van a tener lugar en el Consejo Europeo, sumándose al conjunto de estados miembros decididos a corregir los errores de las políticas actuales de fomento de agrocombustibles, y priorizando los intereses de los/as ciudadanos, el medio ambiente y la soberanía alimentaria a nivel global.