El Parlamento Europeo ha aprobado un novedoso instrumento para la lucha contra el cambio climático que modifica la legislación europea sobre calidad de los combustibles y sobre las energías renovables, que identifica y corrige los efectos negativos de los cultivos energéticos a base de alimentos y apuesta claramente por los biocombustibles avanzados o de segunda generación.

Andrés Perelló, titular en la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, se ha mostrado satisfecho por la aprobación de la nueva directiva, ya que «debemos ser conscientes de que los cultivos alimentarios para biocombustibles, que se están desarrollando de forma masiva y expansiva, no son inocuos ni para el ser humano ni para el medio ambiente».

Según ha declarado, «el afán por producir biocarburantes convencionales ha comportado fluctuaciones de precios y escasez de alimento para muchas poblaciones ya castigadas por el hambre». «Además, este tipo de uso del suelo tiene un altísimo coste medioambiental por la destrucción de los sumideros de carbono que supone y por las emisiones que generan estas actividades, que nunca hasta ahora habían sido contabilizadas dentro de los objetivos climáticos que los países deben alcanzar», ha añadido

En este sentido y según lo aprobado por el PE, la Comisión tiene hasta el 2020 para presentar un método de medición adecuado que permita la contabilización de estos efectos del uso indirecto de la tierra (ILUC) por lo que respecta a la directiva de calidad de los combustibles.

Aunque los socialistas hubieran deseado ir más allá, Perelló también ha mostrado su satisfacción por la fijación de un tope de producción para los biocombustibles convencionales que, a la espera de la reacción del Consejo, el Parlamento establece en el 6% del total de la producción.

Por otro lado, el texto aprobado por el Parlamento fija también un porcentaje mínimo de producción del 2,5 % para los biocombustibles avanzados. Para la coordinadora de la comisión de Industria, Teresa Riera, «este porcentaje servirá para reforzar la apuesta que la UE está realizando en favor de las energías renovables, garantizando una total sostenibilidad y el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales».

Asimismo, Josefa Andrés, ponente de la opinión de este informe en la comisión de Comercio Internacional (INTA), ha pedido «que los acuerdos con terceros países «tengan criterios de sostenibilidad» y ha destacado la importancia de este texto para ayudar a terceros países a mejorar la sostenibilidad de toda la cadena de producción de los biocombustibles».

Además, la eurodiputada pidió, en su intervención en la sesión plenaria, que la Comisión establezca un modo fiable y científico que pueda medir el ILUC y contribuya a reducir las emisiones de CO2″.