Ayer, Huertas y Asensio mantuvieron una reunión para analizar el anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su repercusión en el mundo rural. Tras el encuentro, se ha celebrado una rueda de prensa en la que ambos representantes han manifestado su desacuerdo ante la posibilidad de que el mundo rural pague las consecuencias de la crisis económica: “Quieren convertir a los ciudadanos de las entidades locales menores en ciudadanos de segunda, pero pagando como los de primera”, ha señalado Huertas.

Así, el secretario general de UPA-UCE ha incidido en que más del 80% de estas entidades en Extremadura tienen superávit, lo que demuestra según Huertas que “aquí no hay mala gestión”. Para UPA-UCE, esta ley supone “barreras” para el medio rural, ampliando las desigualdades entre los habitantes de las ciudades y de los pueblos. Por ello, la organización profesional agraria ha expresado su oposición a la aprobación de la reforma de la Administración Local.

Además, Antonio Asensio ha destacado el “desconocimiento” del mundo rural que tienen algunos políticos: “Nosotros tenemos derecho a vivir donde queramos sin recortarnos servicios y el Gobierno lo tiene que respetar”.

Asensio ha pedido el apoyo “de todos los extremeños” a la manifestación que tendrá lugar el próximo viernes 27 de septiembre en Madrid. En ella, los asistentes realizarán un recorrido desde el Tribunal Constitucional hasta la Moncloa, para entregar a Rajoy y a su equipo un documento con las principales reivindicaciones de la marcha. Desde Extremadura saldrán autobuses de todas las entidades locales menores.

Está previsto que a la manifestación asistan entre 20.000 y 35.000 personas de toda España, mil de ellas procedentes de nuestra región. En Extremadura hay 23 entidades locales menores que cuentan con aproximadamente 15.000 habitantes, con la peculiaridad de que se trata en su mayoría de localidades del Plan Badajoz.

REFORMA DE LA PAC

A preguntas de los y las periodistas asistentes, Ignacio Huertas ha respondido sobre las últimas negociaciones en torno a la reforma de la Política Agrícola Común. Huertas ha denunciado la “opacidad” con la que el Ministro Arias Cañete está tratando este asunto, ya que “no se cuenta” con el sector a la hora de tomar las decisiones que definirán el futuro de la agricultura y la ganadería hasta el año 2020: “Ni se nos dan los datos, ni se nos da la interlocución, ni se está contando con nosotros para nada”.

El secretario general de UPA-UCE ha valorado de forma positiva que Bruselas esté barajando bajar el techo de ayudas o capping a 150.000 euros por explotación, y ha demandado que los fondos sobrantes se destinen a ayudas para los agricultores y ganaderos “generan trabajo y riqueza”.

Asimismo, Huertas ha querido hacer hincapié en que la negativa del Gobierno español a no permitir el trasvase de fondos entre pilares puede hacer que parte del presupuesto quede sin ejecutarse, poniendo como ejemplo la Comunidad Autónoma extremeña, que ha perdido 58 millones de euros en este periodo de la partida destinada a Desarrollo Rural.