El presidente de la Xunta avanzó ayer, tras el Consello, el impulso a la futura Ley para estructurar las fincas según su naturaleza agraria, que mejore la rentabilidad de las explotaciones.
En un primer término, el responsable autonómico subrayó que la nueva Ley de mejora de la estructura agraria de Galicia busca seguir apostando por el medio rural como oportunidad de futuro y es necesaria para poder solucionar distintos obstáculos que existen en la actualidad: los procesos de concentración parcelaria son excesivamente largos en el tiempo; la ejecución de estos procesos es demasiado costoso; la orientación principal es la disminución del número de parcelas aportadas por cada uno de los propietarios, sin tener en cuenta criterios de sostenibilidad de las explotaciones agrarias; y la actual Ley no se acomoda conceptualmente a las diversas normas y medidas adoptadas en los últimos años, como las Directrices de ordenación del territorio o la Ley de movilidad de tierras.
Para afrontar estas trabas y ponerles solución, el nuevo texto contará con tres objetivos básicos: mayor rentabilidad de las explotaciones, mayor simplificación de la tramitación de los procesos y mayor protección de las parcelas y de sus condiciones.
En relación al primero objetivo, el documento incluye dos novedades relevantes: un nuevo concepto, el de reestructuración parcelaria que supera la dimensión y capacidad de actuación de la actual concentración parcelaria, de forma que el fin principal no es tanto la disminución del número de parcelas sino mantener los usos de las fincas; e incluye los suelos de núcleo rural en el perímetro de actuación de la reestructuración parcelaria, dando respuesta a una de las principales demandas de los propietarios de explotaciones.
Asimismo, esta nueva normativa establece una mayor simplificación de los trámites, con un procedimiento más corto en el tiempo. “Simplificamos el procedimiento disminuyendo el número de fases y mejorando el sistema de entrega y tramitación de la documentación; y disminuyendo también los costes de ejecución de la reestructuración parcelaria”, resaltó el presidente de la Xunta.
En tercer lugar, la nueva Ley aboga por una mayor protección de las fincas y que estas estén en condiciones idóneas de producir. “El texto permite, por lo tanto, la declaración de determinados perímetros de fincas como fincas abandonadas. Nos referimos –explicó Feijóo- a determinadas fincas que estén en grave riesgo de incendio, que ya fueran objeto de incendio o que exista demanda de tierra por las explotaciones colindantes”. Estos terrenos, en consecuencia, podrán ser arrendados a terceros directamente por el propietario, ser incorporados al Banco de Terras o ser puestos en producción directamente por el propietario. Asimismo, permite, también, movilizar las fincas ya concentradas que estén en un claro y continuado estado de abandono.
A modo de resumen, Feijóo subrayó que se trata, en definitiva, de una norma para tratar de adecuar la estructura agraria en Galicia a las necesidades de las explotaciones, y para poder lograrlo con mayor agilidad e incorporando al mismo tiempo las fincas que están en manifiesto estado de abandono.
El titular de la Xunta abogó por seguir poniendo en valor el medio rural para que sea más accesible para trabajar y, por tanto, más accesible para vivir.
En este sentido, recordó también las diversas medidas que la Xunta ha adoptado ya desde la pasada legislatura: medidas para mejorar la estructura comercial, como el Decreto que promueve las organizaciones de productores de leche en Galicia o la puesta en marcha de la marca ‘Gallega 100%’; medidas para mejorar la capacidad financiera y de liquidez en el sector lácteo, priorizando, por ejemplo, el pago de las ayudas de la PAC (agilizando el abono de las mismas en el año 2012, llegando a anticipar 136 millones de euros) o, en el sector vitivinícola, facilitando por primera vez financiación a las bodegas para que pudieran tener mayor liquidez; y medidas para mejorar la competitividad de las explotaciones, tanto a través de la apuesta por la eficiencia energética destinando 12 millones para este fin, como trabajando de forma decidida por mejorar la base territorial de las explotaciones agrarias a través de la Ley de movilidad de tierras o de la primera Ley de montes de la Autonomía, publicada y aprobada el pasado 2012.
Por su parte, la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, insistió en que el nuevo texto legal supone un salto cualitativo en cuanto a la reestructuración del campo gallego, poniendo la tierra con vocación agraria en valor y fomentando que se genere riqueza a través de la optimización de su uso. Así, destacó que se trata de una concepción más moderna de la mejora de las estructuras, orientada a favorecer el desarrollo económico de las explotaciones y que va más allá de lo que suponía hasta ahora la simple concentración de parcelas.
Rosa Quintana también avanzó que con esta nueva Ley se va a crear el Plan de Ordenación de Fincas de Especial Vocación agraria que identificará las zonas idóneas para los diferentes aprovechamientos e introduce como novedad la posibilidad de actuar en suelos de núcleo rural, dando así respuesta a una de las principales demandas de los propietarios de explotaciones agrarias que se asientan en el medio rural.
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