El pasado marzo el Gobierno de Navarra aprobaba sendas resoluciones sancionando a la Asociación Local de Cazadores y Pescadores Deportivos Montes del Cierzo de Tudela y a la Asociación de Cazadores de Cintruénigo con la suspensión de la actividad cinegética por dos años. El guarderío de medio ambiente encontró entre abril y agosto de 2012 más de 140 aves rapaces envenenadas, en ambas zonas de caza. Se trata de uno de los casos más graves registrados en España.

La sanción se impuso a dichas entidades por no haber comunicado los sucesos de envenenamiento, incumpliendo así lo establecido en la Ley Foral de Caza. Este grave caso tiene también abierto un proceso penal, estando imputados los presidentes de las sociedades de cazadores de los dos municipios y dos guardas de caza, pues el uso de cebos envenenados es un delito, además de una infracción administrativa.

Para sortear la sanción impuesta, los Ayuntamientos de Tudela y Cientruénigo, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente navarro (el propio organismo sancionador), han propiciado un cambio de los integrantes de las Juntas Directivas de las Asociaciones de cazadores y un cambio en el nombre de las sociedades, para hacer posible la apertura de la actividad cinegética.

Las ONG lamentan esta precipitada apertura de la caza, ya que favorece la impunidad y dificulta que se recupere el daño biológico causado, sentando un muy mal precedente. Por ello, iniciarán acciones legales para lograr que se cumpla la sanción administrativa impuesta.

SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción, consideran que se ha producido un fraude de ley en el que ha participado la administración regional, al aprobar un Plan de Ordenación Cinegética que permitirá cazar a los mismos socios de las anteriores entidades sancionadas. La sanción inicial impuesta de 2 años ha tenido así una aplicación únicamente de dos meses (el mes de media veda y el primer mes de la temporada general). Aunque los nuevos Planes de Ordenación cinegética han establecido algunas limitaciones en cuanto a especies y zonas cazables, las ONG consideran que son ridículas y, además, dudan de que se vaya a poder controlar su cumplimiento con eficacia.

El motivo aducido para volver a autorizar la caza a los mismos socios son los daños de los conejos a la agricultura. Sin embargo, para mitigarlos se podrían haber adoptado otras medidas, o haber permitido únicamente capturas en vivo para translocaciones a otras zonas.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha ocultado a las ONG las medidas que se iban adoptar, a pesar de estar personadas en el expediente sancionador y ser partes del procedimiento.

SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción muestran, por otra parte, su preocupación por la recuperación del milano real, milano negro, alimoche y resto de especies protegidas afectadas, ya que no tienen conocimiento de las zonas excluidas de la caza para comprobar si son relevantes en extensión y en localización. Tampoco tienen información sobre cómo se va a supervisar la prohibición de la caza de perdiz y liebre durante esta temporada en ambos cotos.

Las ONG recuerdan que, tal y como ha ratificado recientemente el Tribunal Constitucional en sentencia ante un recurso contra la Ley estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “la caza o la pesca son actividades que sólo resultan legítimas en la medida en que se desenvuelven con pleno respeto a las exigencias medioambientales, sin comprometer o poner en riesgo las medidas de conservación de la fauna silvestre”.

Compromiso de Navarra contra el veneno

Además, las organizaciones exigen al Gobierno de Navarra que dé muestras de su compromiso contra el uso ilegal de veneno en la Comunidad Autónoma, que se adopten nuevas medidas de recuperación en la zona afectada por el envenenamiento y apruebe un Plan de Acción de lucha contra el veneno en el medio natural navarro. Sin estas medidas se está poniendo en riesgo la conservación de la biodiversidad en la región.