El consejero de Agricultura de La Rioja, Íñigo Nagore, informó ayer sobre la puesta en marcha de importantes medidas con las que el Gobierno regional responde a la preocupación manifestada por el sector ganadero de la región una vez que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) acordó recortar la subvención para contratar el seguro combinado de cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos por causas naturales en las explotaciones riojanas.

En primer lugar, se ha decidido ampliar la zona ya autorizada para la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre necrófaga hasta pie de monte, y también las especies de animales permitidos, al aplicarse no sólo en explotaciones extensivas o semiextensivas de ovino, caprino y equino sino a las de bovinos de menos de 48 meses en el momento de su muerte. De este modo, 705 ganaderos “no tendrán que suscribir el seguro ni contratar un gestor autorizado, con el consiguiente ahorro económico”, ha explicado Nagore.

La experiencia de alimentación de necrófagas en zonas protegidas, que se aprobó en junio del año pasado a través de una resolución, “ha sido muy positiva tanto desde el punto de vista de la mejora ambiental y de la conservación de estas especies, como de gestión de los animales muertos, y por este motivo, hemos entendido que se podía avanzar con esta medida”, ha destacado el consejero, que ha comparecido junto al director de Agricultura y Ganadería, Igor Fonseca.

La Consejería ha elaborado una nueva orden en la que se establecen las normas básicas, los supuestos y condiciones en las que se autorizará a las explotaciones ganaderas el depósito de los cadáveres de los animales en las zonas de protección. En La Rioja existen cinco espacios Red Natura 2000 con presencia de especies necrófagas de interés comunitario: Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros; Sierra de Alcarama y Valle del Alhama, Obarenes-Sierra de Cantabria; Peñas del Iregua, Leza y Jubera; y Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa. La futura regulación permitirá ampliar el área de protección a una zona que agrupará un total de 95 municipios.

Los titulares de las explotaciones ganaderas serán los responsable del depósito de los animales muertos dentro de las zonas de protección y de su término municipal, con el fin de evitar riesgos para la salud pública, animal y del medio ambiente.

En segundo lugar, el Gobierno regional también se compromete a aumentar el porcentaje de la línea de ayuda regional para la contratación del seguro de retirada “garantizando que el coste de contratación de la póliza será similar o inferior al que tienen en la actualidad, cuando los ganaderos pagan en torno a un 20% de la cuantía”, ha detallado Nagore. Esta iniciativa beneficia a las explotaciones ganaderas de intensivo o que están situadas fuera de la zona de protección, y que tendrán que mantener la póliza, ante la obligación que fija la normativa europea que se aprobó en el año 2001 por la crisis de las ‘vacas locas’.

A este respecto, Nagore ha detallado que en La Rioja se estima que serán unos 500 ganaderos los que tengan que suscribir el seguro. “Se ha hecho el mayor esfuerzo posible para apoyar a los ganaderos profesionales y a las explotaciones prioritarias”, ha añadido.

Incorporación al sistema de seguros

A comienzos de año, la Comunidad Autónoma de La Rioja se incorporaba al sistema de seguros agrarios para la gestión de la retirada de animales muertos en explotaciones agrarias, con el objetivo de aprovechar mejor los recursos disponibles y lograr un ahorro económico, ya que se pasaba de financiar el servicio íntegramente a compartir el elevado coste con Enesa y los ganaderos.

Con el nuevo cambio que se ha anunciado, Enesa abonará a partir de ahora una cantidad fija por animal igual en todas las comunidades autónomas, mientras que antes era un porcentaje proporcional al precio de retirada y, por tanto, se aplicaba sobre el coste del seguro. Este año, el Gobierno de La Rioja ha destinado 580.000 euros a la línea de seguros para la cobertura de los gastos de retirada, y Enesa 437.000 euros.

De acuerdo con los datos que maneja la Consejería de Agricultura, en la Comunidad Autónoma se generan anualmente más de 1.700 toneladas de desechos de animales no aptos para el consumo.