El pasado viernes, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, ofreció una rueda de prensa en Mérida en la que ha puesto de manifiesto la preocupación de los agricultores y ganaderos extremeños por las decisiones que se están tomando en el Ministerio de Agricultura para la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común en nuestro país, decisiones que según Huertas se están tomando “sin contar el sector”: “Hemos tenido muchas reuniones con el Ministerio, pero son reuniones donde no se negocia, se nos dan los acuerdos ya cerrados por el Ministerio y las Comunidades Autónomas”.

Algunos aspectos de la reforma que perjudican a los profesionales del campo son el cambio de año de referencia (de 2011 a 2013); la imposición de un techo de ayudas (300.000 €) que para UPA “no sirve para nada”; o un presupuesto insuficiente para las ayudas acopladas (en lugar del 15% que permite Europa la propuesta del Ministro es dejarlas en un 11,78%), lo que hace que el futuro de sectores tan importante para la economía extremeña como el tomate o el arroz no tengan garantizado su futuro: “Los agricultores de tomate van a estar en una media de 200 euros de ayuda acoplada y los de arroz van a estar la ayuda en torno a 100 euros por hectárea. No se entiende que con los costes de producción que tenemos vayamos a percibir la mitad y una quinta parte respectivamente de las ayudas que tengan asignadas los agricultores de remolacha”.

Huertas también ha destacado que la nueva PAC no da respuesta a las necesidades del sector ganadero, además que la reforma se caracteriza por la “falta de soluciones para sectores estratégicos de la región como el tabaco o el olivar tradicional”, que ven peligrar su futuro ante la falta de apoyos y con unos precios que no cubren los costes de producción.

Por ello, Ignacio Huertas ha exigido al Consejero de Agricultura extremeño que “baje de la nube y no haga un cierre de filas político con el Ministro”, lo que según Huertas llevaría a un acuerdo perjudicial para los agricultores y ganaderos extremeños.

El secretario general de UPA-UCE ha señalado que “hay tiempo hasta agosto para cerrar un acuerdo transparente y que contemple los intereses de Extremadura y no los del Ministro de Agricultura”, al que Huertas acusa de “utilizar la técnica del salchichón: va corando la reforma rodaja a rodaja sin dar a conocer el conjunto”.

Por último y con el objetivo de reivindicar una PAC justa para los agricultores y ganaderos profesionales, Huertas ha anunciando que más de 1.000 agricultores y ganaderos de la región asistirán a la manifestación convocada por UPA en Madrid el 21 de enero a las puertas del Ministerio de Agricultura, y advierte que de no cambiar la situación, las movilizaciones podrían extenderse a las Comunidades Autónomas, incluida Extremadura.

REUNIÓN DEL PRESIDENTE CON LOS REGANTES

Con respecto a la reunión de esta mañana de José Antonio Monago con la junta directiva de las Comunidades de Regantes de Orellana y del Tajo, Ignacio Huertas ha querido señalar que pese a las distintas reuniones mantenidas con el Consejero de Agricultura, el Delegado del Gobierno en Extremadura y el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para denunciar la difícil situación que atraviesa el regadío extremeño por las continuas subidas de los costes eléctrico y de riego a las que tienen que hacer frente los agricultores; todavía no han obtenido respuesta. Por ello, Ignacio Huertas reclama que la Junta se implique en este tema ya ayude a los regantes: “Le pedimos al Presidente de la Junta que intervenga”.

Los agricultores de regadío desde hace tiempo reivindican tener una mayor participación en la elaboración de las tarifas de riego; la revisión de estas tarifas, que incluyen subidas “desmesuradas”; tener mayor poder decisión sobre las obras de mejora que se ejecuten en las instalaciones de riego, ya que estas decisiones se toman de forma unilateral desde la CHG; que de los fondos Feder que llegan a la Confederación, se repercuta a las comunidades de regantes la totalidad de la amortización de las obras, sin descontar los fondos procedentes de Europa; y por último, la solicitud de agilización de la encomienda de gestión de los canales de riego para las comunidades de regantes que lo soliciten, ya que supone un abaratamiento de las tarifas “considerable”.