Manel Plana i Farran, Senador del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, ha formulado una Interpelación Urgente sobre las medidas urgentes que piensa llevar a cabo el Gobierno para evitar el cierre inmediato de las plantas de tratamiento de purines y aminorar el enorme impacto negativo que ello supondrá para las explotaciones ganaderas, en particular, las porcinas.

En diciembre pasado se publicó la Ley 24/2013, con la nueva reforma del sector eléctrico, que modifica el sistema retributivo de la producción de energía con fuentes renovables, cogeneración y residuos, y se elimina la producción de energía en régimen especial.

El proyecto de Real Decreto que desarrollará la Ley parece ser que establece un cálculo de sus parámetros retributivos que no tiene en cuenta las características singulares de las instalaciones de tratamiento de purines respecto a las plantas de cogeneración convencionales. Según la interpelación, este hecho supondrá, si no se adoptan medidas para evitarlo, de forma irremediable, el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purines ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo. La aplicación, además, está prevista con carácter retroactivo desde julio de 2013.

El problema de cierre de estas instalaciones no es solamente económico, sino también medioambiental. La intepelación del senador Manel Plana i Farran recoge que estas instalaciones permiten a las explotaciones ganaderas y, en particular, a las porcinas garantizar una correcta gestión de sus subproductos. Solamente en Cataluña (primera comunidad productora de porcino) se gestionan 650.000 m3 y en el conjunto del Estado español, suponen 2,5 toneladas anuales de residuos. Si estos residuos no son tratados, comportará un importante impacto medioambiental cifrado en 700.000 toneladas de CO2, además, de dejar a las explotaciones ganaderas sin un sistema de gestión de los purines y sin ninguna alternativa aplicable con carácter inmediato.

En Cataluña, el cierre de las citadas plantas pone en peligro la sostenibilidad de 480 explotaciones porcinas que gestionan sus excedentes en las seis plantas situadas en el territorio catalán. En el Estado español son más de 3.000 explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento situadas por todo el territorio. Todo ello, implica la pérdida de más de 4.200 puestos de trabajo, directos e indirecto, la mayor parte en entornos rurales.