Las tres organizaciones agrarias de nuestra provincia y la federación de cooperativas: ASAJA, COAG, UPA y FAECA Granada mostramos nuestro desacuerdo con la declaración de la Vega como Bien de Interés Cultural, reivindicando la relevancia agrícola de este primordial espacio, cuya gestión debe depender de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, reconociendo el papel de los agricultores en el mantenimiento y desarrollo de este entorno productivo que durante siglos ha sido fuente de empleo y principal generador de recursos económicos para los municipios de la zona.

Después de tantos años de lucha se ha generado un movimiento en defensa de la Vega al que se han unido distintos sectores sociales originando una ola de apoyos que han puesto de relieve sus inmensos valores ambientales, económicos, culturales, históricos e identitarios. Las organizaciones agrarias provinciales ASAJA, COAG, UPA y FAECA-Granada, consideran muy positivas todas las acciones reivindicativas surgidas frente a las amenazas y riesgos que sufre nuestro espacio agrario por excelencia, no obstante manifiestan su temor ante la declaración de la Vega como Bien de Interés Cultural (BIC) y retiran su apoyo a esta propuesta por considerar que, si este entorno dejara de depender de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se generaría un importante problema de gestión de la esencial e imprescindible actividad agraria que la ha creado y mantenido desde el siglo XI.

La Vega no debe convertirse en un parque cultural, como se espera, una urna de cristal donde cualquier actuación por inocua que sea: encalar un cortijo, entubar una acequia, poner uno u otro cultivo, etc. sea potestad de la administración imponiendo discrecionalmente sus criterios y con el lastre de una complicada burocracia. La declaración BIC puede hacer olvidar su principal valor, el agrario, para privilegiarla como zona exclusiva de recreo situando a los agricultores y ganaderos como simples espectadores. Es necesario garantizar también la permanencia de los cultivos señalando sus especificidades y propiciando el mercado cercano y la identificación de productos de calidad como fuente de riqueza y trabajo. Su delimitación como territorio sería otro de los aspectos problemáticos, dado que abarca una extensión muy amplia y diversa integrada por bienes con diferentes usos y valores.

Su protección pasa por el rediseño del POTAUG en cuanto a la catalogación y uso de cada singularidad o realidad: acequias, cortijos, molinos, caminos rurales, caserías, secaderos, huertas…, completado con otras actuaciones dentro del Plan de Desarrollo de la Vega (PDR) que procuren la creación de un órgano autónomo de gestión que aúne los valores patrimoniales y su rentabilidad social y económica convirtiendo a los agricultores y ganaderos en sus verdaderos protagonistas.

Por último, ASAJA, COAG, UPA y FAECA-Granada valoran positivamente la creación de una comisión técnica y política interdepartamental que evalúe y proponga herramientas para la protección patrimonial, agrícola y turística de la Vega de Granada y para su desarrollo sostenible, cuya propuesta ha sido aprobada recientemente en el Parlamento andaluz. A juicio de las organizaciones agrarias y la federación de cooperativas, dicha comisión, en la que deben estar representadas las entidades del sector agrario, deberá velar por el mantenimiento y la promoción de este entorno agrario, natural y paisajístico.