El estudio desarrollado por el Instituto de Prospectiva Internacional (IPI), ‘El ciudadano abandonado ante la compra de frutas y hortalizas’ refleja que adquirir productos agrícolas en grandes superficies comerciales puede acarrear ciertas frustraciones para los consumidores. Estos pueden sentirse abandonados ante productos sin marca y empujados a tomar decisiones incómodas en la compra debido principalmente a la falta atención personalizada, la falta de información y el exceso de estandarización en la exposición de estos productos.

Y no sólo eso, si no que la sostenibilidad también juega un papel importante. El IPI, junto con el Instituto para la Producción Sostenible (IPS), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), FACUA, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), coinciden en que el comportamiento medioambiental de las empresas es un valor observado cada vez más de cerca por los consumidores y que empieza a tener una demanda muy activa, por lo que sugieren que la generalización de la cultura de la sostenibilidad sea uno de los principales temas a abordar en la nueva Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria.

La imagen que trata de trasladar la distribución organizada es de concienciación y compromiso con la sostenibilidad a través de diferentes iniciativas, como por ejemplo la retirada de bolsas de plástico gratuitas en las líneas de caja de sus establecimientos. Pero el comercio en general puede hacer más, y este ha de considerarse sólo un primer paso.

Los envases y embalajes representan un amplio campo en el que trabajar e incorporar mejoras importantes. Optar por materiales responsables para el transporte y la exposición de los productos en las tiendas, puede suponer un ahorro clave en impacto ambiental y también económico. Sólo los envases y embalajes que están fabricados con materias primas renovables, reciclables y biodegradables son definidos en la propia Ley de Residuos como sostenibles. Por tanto, papel, cartón y madera, se posicionan con ventaja frente a materiales plásticos.

Por su parte, CECU insiste en la “pedagogía con y para la sostenibilidad”. Todas las asociaciones están de acuerdo en que “debería existir una iniciativa común para debatir, actuar y activar los medios que están a nuestro alcance para informar y crear confianza en el consumidor”.

FACUA, profundiza en los hábitos de compra del consumidor español y recalca que existe una clara preferencia por el comercio tradicional, que se apoya en gran parte en el trato personal al cliente. Hecho que cobra especial importancia en la compra de productos frescos, donde el vendedor actúa como prescriptor. La compra cercana conlleva a una mayor confianza, tanto hacia la persona que vende el producto, como hacia el propio alimento que se adquiere.

Así, la cuota de venta de alimentos frescos en grandes superficies se sitúa, según datos del Ministerio de Agricultura, en un 48% en 2013, lejos de su potencial aun después de haber experimentado una leve subida respecto a 2007, donde se situaba alrededor del 43%.

A la pregunta ¿cuáles son los principales aspectos que busca el consumidor en frescos? La respuesta es calidad y servicio, y no solo precio.

Otro de los temas más debatidos hoy es la cantidad de alimentos que se desperdician en el día a día. La Comisión Europea calcula que anualmente se desechan 89 millones de toneladas de alimentos en el conjunto de la UE, de los cuales en los hogares españoles se tiran cada año casi 3 millones de toneladas de comida. Al respecto, las organizaciones junto a IPI exponen que “reducir el desperdicio alimentario sólo es posible desde la colaboración entre todos los eslabones de la cadena del proceso alimentario”.

A la hora de trabajar en el ámbito de la distribución comercial surgen complicaciones por la gran cantidad de legislación existente, difícil de poner en práctica, además de la dispersión que implica la superposición de la legislación europea, española y autonómica. ASEDAS recalca que “la distorsión del mercado debido a los diferentes desarrollos reglamentarios autonómicos en materia de alimentación, genera costes innecesarios para las empresas de la cadena agroalimentaria”.

Las asociaciones subrayan la necesidad de un mayor esfuerzo para que los principales actores de la cadena alimentaria identifiquen puntos de encuentro, intercambien reflexiones y compartan avances técnicos, científicos y códigos de buenas prácticas, para poder atender mejor así las demandas y expectativas de los ciudadanos.

Entre los avances que se han producido destaca la Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria, que tiene, entre sus objetivos principales, según indicó el IPS, el “proteger y promover la agricultura ecológica, realizar actuaciones para la defensa del medio ambiente, reducir el impacto medioambiental y la realización de estudios con métodos sostenibles”. Así, aunque las expectativas puestas en dicha norma no se han visto cumplidas del todo, es innegable la disposición por parte de todos al diálogo.