Los Secretarios Generales de COAG y UPA Andalucía, Miguel López y Agustín Rodríguez, han valorado el resultado de la Conferencia Sectorial celebrada el lunes en Madrid y el modelo definitivo de ayudas PAC aprobado por el Ministerio de Agricultura.

Los representantes de ambas organizaciones han coincidido en denunciar la falta de transparencia que ha marcado todo el proceso de diseño de la PAC en el ámbito nacional, además del criterio político que finalmente ha condicionado el reparto de los apoyos, por encima de los aspectos objetivos, técnicos y profesionales.

Agustín Rodríguez y Miguel López han criticado que la sectorial celebrada ayer fue una “farsa”, ya que la decisión estaba tomada ya por el Ministerio (la conferencia sectorial no tiene carácter vinculante), y además significa un claro incumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados en reuniones anteriores.

Ante la falta de transparencia, ambas organizaciones han reclamado que el Ministerio ponga sobre la mesa todos los datos, y que no se espere a la entrada en vigor de la reforma, lo cual reduciría notablemente el margen de actuación. En cualquier caso, tanto Miguel López como Agustín Rodríguez han recalcado que no dan por cerrada la PAC, ni en cuanto al modelo de ayudas ni en lo que respecta a la cuantía de las mismas.

En cuanto al criterio político que ha determinado el diseño de la PAC, ambos secretarios generales han explicado que Andalucía es la única región que pierde, en términos generales, y esa merma es de casi 600 millones de euros (577). Además, en cuanto al reparto de los apoyos, hay que subrayar que, si bien cada sector es distinto y por tanto pueden considerarse cuestiones diferentes, curiosamente todas las decisiones a este respecto coinciden en algo: son lesivas para los intereses de Andalucía, y castigan al modelo social y profesional que es mayoritario en nuestra comunidad autónoma.

Así, por ejemplo, en el caso del vacuno de leche, se prima al ganado situado en zona de montaña (favoreciendo así a la cornisa cantábrica) y se aplica la degresividad (esto es, un recorte de los pagos a partir de una cierta cuantía) a partir de las 100 primeras vacas. Ambas organizaciones hemos defendido que la degresividad sea un criterio que se aplique con carácter general, para contribuir a un mejor reparto de los apoyos en lugar de consolidar ayudas millonarias, pero no entendemos que sólo se haga en este sector.

Lo mismo ocurre con los topes a las ayudas: tanto UPA como COAG Andalucía reclaman que se pongan límites a las ayudas, de nuevo para procurar un reparto más social de los apoyos, pero esto no se ha aplicado, excepto para un sector, el girasol, con lo que de nuevo nuestra región sale perjudicada, porque tiene importantes extensiones de este cultivo que podrían verse beneficiadas.

COAG y UPA Andalucía han reclamado que la degresividad y los topes formen parte de la filosofía de la reforma, pero esto no se ha conseguido. Solo se ha aplicado en esos dos casos puntuales, sin que realmente estén claros los motivos.

Lo mismo ocurre a la hora de establecer los criterios para las ayudas asociadas a determinados sectores. Para la ayuda asociada a la remolacha, se va a tener en cuenta la producción (lo cual favorece a la zona norte y perjudica a Andalucía, que tiene más superficie), pero sin embargo en tomate de industria se va a considerar la superficie (de nuevo, pierde Andalucía, que es la región con mayores rendimientos).

Tampoco en este caso se entienden los motivos por lo que se elige uno u otro criterio, de ahí que UPA y COAG Andalucía denuncien un trasfondo político que lo que persigue es beneficiar a las comunidades autónomas del mismo color, en perjuicio de la comunidad andaluza, de signo distinto.

Ambas organizaciones consideran que “esto no es serio, no es democrático y no es aceptable. Es reírse del sector”, y recuerdan por último que la nueva PAC sigue olvidándose del mercado, porque no habla de regulación, ni de cadena alimentaria ni de acabar con la especulación, por lo que al final las más perjudicadas serán las explotaciones más productivas y profesionales, las que más han invertido y se han endeudado, las que no tienen capacidad ni vocación de deslocalizarse y las que en mayor medida crean economía y empleo en Andalucía.