La Unión de Uniones ha detectado, por las informaciones suministradas por agricultores y ganaderos, lo que cree que es un aumento en la incidencia de robos en la región y, particularmente en algunas zonas como la comarca talaverana. La organización reconoce el mérito de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la persecución de estos delitos y en su labor sobre todo a partir de la constitución de los grupos ROCA, pero considera que sus esfuerzos son inútiles mientras sigan sin cambiarse las leyes. Sin embargo, la reforma del Código Penal lleva un año estancada.

Según datos proporcionados por el Gobierno, Castilla-La Mancha ocupaba la tercera posición, tras Andalucía y Valencia en número de robos en el cómputo de los cinco primeros meses del 2014, con 1.340 en el conjunto de la región. Toledo es la provincia es la provincia más afectada con 491 sustracciones en dicho período, siguiéndole a continuación Ciudad Real con 412; Albacete con 209; Cuenca con 175 y Guadalajara con 53.

Con ser preocupantes estos datos, la Unión de Uniones pone de manifiesto que el problema no se centra sólo en las sustracciones de material o producciones, sino en los destrozos y daños que se ocasionan en el equipo o las instalaciones de las explotaciones agrarias que suponen gravísimos perjuicios económicos para sus titulares, no sólo por la necesidad de reparación y reposición, sino porque interrumpen las tareas agrarias en una profesión en que los calendarios son fundamentales.

José Luís Saez, de la Comisión Ejecutiva de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha manifiesta que existe la sensación en su comarca “y por lo que he hablado con agricultores y ganaderos de otros puntos de la región” de que existe un rebrote de este tipo de delitos. “Desconocemos si en las últimas semanas se han reorganizado los equipos de la Guardia Civil para atender otras cuestiones, le hemos pedido una reunión al Delegado del Gobierno para que nos lo explique, pero en cualquier caso” – ha expresado Saez- “todos los esfuerzos de los agentes del orden son inútiles mientras no haya una reforma en profundidad de las leyes”. Es patente que muchos de los “presuntos” delincuentes que operan están identificados perfectamente porque son contumazmente reincidentes, pero “sabemos de quienes han sido detenidos e imputados en más de 30 robos con fuerza y antes de 15 días los vemos otra vez rondando por nuestros pueblos y nuestras explotaciones”.

En este sentido, la Unión de Uniones considera muy negativo que, transcurrido un año desde que el Gobierno aprobase su proyecto, la reforma del Código Penal esté en vía muerta en las Cortes, habiéndose ampliado ya en más de 30 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas. Dicha reforma incluiría el endurecimiento de las penas en robos de productos agrarios o medios de producción con agravantes de uso de elementos peligros o pertenencia a grupo criminal, aunque no se consideraría como agravante la reiteración y reincidencia en los hechos, tal como consideraría necesario la organización. “Lamentamos profundamente –ha manifestado José Luís Saez- que cuestiones ajenas a la seguridad en el campo y con claros tintes de ideología política estén obstaculizando la aprobación de un Código sin el cual los tribunales y las fuerzas del orden se encuentran sin herramientas para retirar de la circulación a los delincuentes y pedimos a los grupos parlamentarios que aceleren todo lo posible su tramitación”.