Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, ofreció ayer una rueda de prensa para denunciar que las decisiones acordadas por el gobierno autonómico y el Ministerio de Agricultura sobre la aplicación de la reforma de la PAC en Extremadura “se han tomado de espaldas al sector”, calificándolas de “decisiones perjudiciales para los agricultores y ganaderos extremeños”.
“A los agricultores de los pueblos de Miajadas, Alcollarín, Madrigalejo, Escurial, Almoharín, Campo Lugar y Navalvillar de Pela se les ha sacado de su comarca, rompiendo el antiguo Plan de Comarcalización, lo que tendrá repercusiones económicas debido a las diferencias en las ayudas de más de 100 euros por hectárea”. Para Huertas no hay criterios objetivos para que esto ocurra, ya que “por rendimientos, historia y por tener los mismos costes” deberían estar todos en la misma comarca: “Sin embargo, a los agricultores de estos municipios se les aparta y se les obliga a producir en condiciones de inferioridad”.
Para Huertas se trata de una decisión política que además genera otro problema muy importante: “Se reduce, se limita y se perjudica la actividad normal de las explotaciones que están en estos pueblos, ya que impide a los productores utilizar las tierras de la comarca de Don Benito como se venía haciendo habitualmente”. El secretario general de UPA-UCE advierte que esta nueva PAC va a frenar el “desarrollo natural” de las explotaciones de estos pueblos, ya que un agricultor que tenga los derechos en una comarca no puede acceder a otras comarcas con ayudas distintas.
Por ello, desde UPA-UCE anuncian una marcha a pie desde Miajadas hasta Mérida en la que se reivindicará que la Administración rectifique sobre este asunto, bajo el lema “Por los derechos de nuestra tierra”. La movilización saldrá desde Miajadas el próximo miércoles 5 de noviembre y contará con tres etapas hasta llegar a la capital autonómica.
Este acto de protesta viene a dar continuidad a otras movilizaciones regionales iniciadas por la organización profesional agraria, “que continuarán si no se resuelven estos problemas”. Según UPA-UCE, esta marcha “es necesaria para hacer visible la injusticia que se está cometiendo, sobre todo por los malos modos que el Gobierno regional está utilizando en este asunto”. Para Huertas, el Ejecutivo extremeño trata a los agricultores y ganaderos “con un falso paternalismo para no tener que negociar con nosotros. Estamos hartos de que nos engañen”, concluye.
Por su parte Antonio Pizarro, secretario general de la comarca de Vegas Altas Norte, ha calificado que su comarca es “la más afectada negativamente por la reforma”. Para Pizarro: “Es injusto que nos roben unos derechos adquiridos con el esfuerzo de los agricultores. No podemos consentir que se ponga una barrera, un muro, entre las provincias de Cáceres y Badajoz”.
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