El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó ayer la aprobación para su remisión al Parlamento de la Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia; una ley, dijo, que contará con importantes beneficios fiscales ya que, desde su entrada en vigor, las parcelas rústicas vendidas, heredadas o cedidas al Banco de Terras podrán obtener una deducción fiscal del 100 por ciento del impuesto si son destinadas a la explotaciones agraria.

En la rueda de prensa del Consello, Feijóo afirmó que esta ley se enmarca de lleno en el objetivo de gobierno de dotar de mayor competitividad el medio rural, “de aprovechar al máximo los recursos y las riquezas naturales instaladas en nuestro campo y de seguir poniendo en valor el medio rural y posibilitar que la gente acuda a él como un lugar seguro de trabajo y adecuado para vivir”. Y pretende, además, ofrecer soluciones a las trabas que afrontan hoy las explotaciones, con tres grandes objetivos: facilitar mayor rentabilidad de las explotaciones, mayor simplificación de la tramitación de estos procesos y mayor protección de las parcelas y de sus condiciones.

En lo tocante al primer objetivo, el titular del Ejecutivo gallego explicó que el nuevo texto incluye dos novedades relevantes: un nuevo concepto de reestructuración parcelaria, que supera la dimensión y capacidad de actuación de la actual concentración parcelaria, ya que el objetivo principal no es tanto la merma del número de parcelas sino mantener los usos de las fincas, es decir, que las fincas no sólo se concentren sino que produzcan. Y se incluyen, por primera vez, los suelos de núcleo rural en el perímetro de actuación de la reestructuración parcelaria, dando respuesta a una de las principales demandas de los propietarios de explotaciones y sin afectar a los procesos de ordenación urbanística.

Asimismo, el documento establece también una mayor simplificación de los trámites, con un procedimiento más corto en el tiempo que el actual: “simplificamos el procedimiento, disminuimos el número de fases, mejorando el sistema de entrega y tramitación de la documentación; y disminuyen los costes de ejecución de la reestructuración parcelaria optimizando los recursos disponibles y ahorrando en la ejecución de las obras”.

En tercer ugar, Feijóo destacó que el nuevo texto aboga por una mayor protección de las fincas. Y, en esta línea, resaltó que el ley permitirá la declaración de determinados perímetros de fincas como abandonados cuando se den circunstancias como el riesgo de incendio, que ya fueran objeto de incendio o que exista demanda de tierra por las explotaciones colindantes.

Tal y como explicó el presidente autonómico, el propietario de estos terrenos tendrá tres posibilidades: arrendarlos a terceros, ser incorporados al Banco de tierras o realizar una agricultura de conservación.

Por otra parte, también se recoge la movilización de las fincas ya concentradas que estén en estado de abandono: “Las fincas que fueron objeto de concentración parcelaria y abandonadas, posteriormente, por sus propietarios pasarán también a esta consideración teniendo los propietarios el deber de arrendarlas, de incorporarlas al Banco de tierras o de utilizarlas para efectos agrícolas.

La Xunta puede actuar de oficio en aquellas zonas que detecte en estado de abandono y que tengan evidente interés agrario –puesta en producción- o peligro ambiental –incendios forestales-.

En lo tocante a la fiscalidad, el presidente de la Xunta hizo hincapié en que las transmisiones en propiedad o la cesión temporal de terrenos integrantes del Banco de tierras contarán con una deducción en la cuota tributaria en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados del 100 por ciento.

Asimismo, las fincas rústicas sueltas que sean heredadas podrán contar con una deducción fiscal del 99 por ciento, tanto se son transmitidas a una explotación agraria con un agricultor profesional al frente como si son incorporadas al Banco de tierras. “Hasta el momento, esta deducción sólo era aplicable para las explotaciones agrarias y a partir de ahora lo será también para las parcelas rústicas”, abundó, a lo que añadió que lo mismo ocurrirá en el caso de una cesión o venta inter vivos.

Feijóo concluyó insistiendo en el objetivo de esta ley de tratar de adecuar la estructura agraria en Galicia a las necesidades de las explotaciones, y lograrlo con mayor agilidad e incorporando al mismo tiempo las fincas que están en manifiesto estado de abandono.

El presidente de la Xunta abogó por seguir poniendo en valor el medio rural para que sea accesible para trabajar y, por tanto, accesible para vivir. Una dirección que, según recordó, el Gobierno gallego ya emprendió la pasada legislatura: destinando hasta 2013 más de 60 millones de euros que permitieron que cerca de 3.000 jóvenes se hayan incorporado al rural; priorizando en el sector lácteo el pago de las ayudas de la PAC; facilitando en el sector vitivinícola la financiación a las bodegas para que habían podido tener mayor liquidez durante la vendimia; y apostando de forma decida por mejorar la base territorial de las explotaciones agrarias, con la Ley de Movilidad de Terras y con la primera Ley de Montes de la historia de Galicia; “y, ahora, se une la primera Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia”.