La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha destacado que la Ley de medidas para mejorar la cadena alimentaria, pionera en Europa, es una “norma integradora, que implica a todos los operadores de la cadena”. García Tejerina ha asegurado que con esta nueva ley “vamos a asistir a cambios muy sustanciales, que repercutirán en beneficio de todo el sector agroalimentario y que darán mayor seguridad jurídica a las empresas, en especial a los productores agrarios”. Se trata de una ley “largamente demandada por el sector”, elaborada para corregir los desequilibrios entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.

La Ministra ha anunciado que su Departamento está trabajando en el desarrollo reglamentario de la ley, que definirá, entre otros aspectos, el funcionamiento de la figura del mediador; y se creará el Observatorio de la Cadena, “que permitirá identificar líneas de mejora y actualización de la norma”. Asimismo, se está elaborando el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, “al que esperamos que se adhieran nuestras empresas”, ha comentado. Este anuncio lo ha hecho en la clausura de la jornada de COAG sobre “La Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria: oportunidades para el reequilibrio”.

García Tejerina ha recordado que el Gobierno se puso a trabajar, desde el principio de la Legislatura, “para eliminar la situación de desamparo en la que se encontraban muchos agricultores y ganaderos, que se veían obligados a entregar su producción sin contrato, sin precio y sin fecha de cobro”. Ha subrayado la importancia de contar con una cadena alimentaria competitiva, íntegra y vertebrada para competir en un mundo global, “lo que requiere que todos los eslabones que la conforman tengan interés en permanecer en ella, al ver retribuida su participación en la misma en proporción al valor que añaden”.

Para la ministra, esta ley supone un nuevo marco para las relaciones comerciales, “un marco que constituye un hito histórico para mejorar esas relaciones, al introducir nuevos derechos y obligaciones”. Sobre todo, ha añadido, porque establece la existencia de contratos por escrito, “como figura clave” que aportan seguridad jurídica y garantías a todos.

Para ello, la ley se apoya en un mecanismo público de control, a través de la Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA) y, simultáneamente, en sistemas de autocontrol y de auto responsabilidad de los operadores. De esta forma, se compatibiliza un sistema sancionador público con un sistema privado de resolución de conflictos.

Por otra parte, García Tejerina ha valorado la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) nacida al amparo de la ley de mejora de la cadena alimentaria, como instrumento de control y con capacidad sancionadora.

De la importancia de AICA da idea el hecho de que, a fecha de ayer, ya se han llevado a cabo 1.700 inspecciones; y se han recibido ya 17 denuncias, una de las cuales ha concluido en sanción económica.

Por último, García Tejerina ha señalado que los efectos de la ley se verán a medio plazo. “El cambio que se plantea es muy importante, por lo que se requiere tiempo para adaptarse a las nuevas reglas de juego”. La ministra ha manifestado que su Departamento podrá todo su empeño para que esa adaptación se produzca en el menor plazo posible.