Las investigaciones y expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a los grandes operadores de combustible por posibles prácticas anticompetitivas no están sirviendo para que los precios del gasóleo agrícola se beneficien de la caída de las cotizaciones del petróleo de los últimos meses.

En la comparación interanual de octubre 2013 a octubre de 2014 el precio del gasóleo agrícola se ha mantenido en términos estables en el entorno de los 0,89 €/litro; a pesar de que el precio del petróleo ha descendido desde los 80,28 €/Barril Brent, hasta los 68,87 €/Barril Brent, es decir, en el entorno de un 14,2 %. La diferente evolución seguida por el petróleo y el gasóleo agrícola se hace mucho más evidente desde el mes de junio pasado.

Para Unión de Uniones la nula repercusión de la bajada del petróleo sobre el precio del gasóleo agrícola no es excusable en el alto componente de impuestos con que se gravan los combustibles en nuestro país y que en el caso del gasóleo agrícola representa del orden del 40%; sino que se debe a la falta de competencia en el sector de combustibles en el que ostentan una posición de dominio las grandes firmas de distribución. Precisamente ya en julio del año pasado la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia abrió expedientes sancionadores por posibles prácticas restrictivas a la competencia a Repsol, CEPSA y BP, ampliada posteriormente a otras firmas.

Las operadoras siguen en la tendencia de los precios del gasóleo agrícola y el resto de combustibles, el principio del cohete y la pluma, repercutiendo de manera rápida, casi inmediata, cualquier subida de la materia prima y de manera prácticamente simultánea por parte de las principales empresas, mientras que bajan las cotizaciones de manera muy lenta tras los descensos del petróleo.

Es la situación que se está produciendo en estos últimos meses, por lo que no parece que las actuaciones abiertas por la Comisión de Competencia estén sirviendo de advertencia a las distribuidoras y, hasta el momento, se están revelando incapaces de atajar las carencias de libre competencia en el sector.

El precio del gasóleo agrícola y su encarecimiento tienen una repercusión directa negativa sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias y su competitividad, por lo que la Unión de Uniones reclama de las autoridades que investiguen a fondo las evidencias sobre el uso de posibles prácticas abusivas por parte de las compañías suministradoras de combustible y que, de confirmarse, se impongan sanciones ejemplarizantes que les disuadan de incurrir en las mismas.