En su comparecencia en la Comisión de Agricultura en la Asamblea de Extremadura, Ignacio Huertas ha rechazado la Ley Agraria que se debate en el Parlamento extremeño por la falta de consenso con el sector: “El mecanismo establecido de consulta, que no de negociación, nos parece manifiestamente mejorable”.

Para Huertas se trata de una ley extensa y compleja, cuya tramitación se está haciendo de forma “precipitada” y sin el “profundo análisis y debate” que requiere. Esto provoca “demasiada confusión”, resultando el texto un “corta y pega de normativas europeas y nacionales que poco tienen que ver con la realidad del campo extremeño”. Esto además, resta eficacia a la ley, ya que tendría que adaptarse “continuamente” a las modificaciones y cambios en las legislaciones y reglamentos estatales y comunitarios.

UPA-UCE también lamenta que los principales problemas de los agricultores y ganaderos extremeños no aparezcan en esta ley: “No se habla de los bajos precios que percibimos los productores ni de los abusos de la industria y la distribución, tampoco de la falta de financiación del sector, del relevo generacional, la situación de las mujeres rurales o la definición de un modelo de explotación prioritario, que UPA-UCE establecería en la explotación familiar y profesional, la mayoritaria en la región”.

Huertas también ha criticado en su intervención que la Ley no contenga una memoria económica que dé credibilidad a la promesa de dedicar el 25% del presupuesto regional al sector, por lo que tilda este anuncio de “electoralista” y se pregunta: “No queremos que nos engañen, si los fondos que llegan de Bruselas desaparecieran ¿estaría dispuesto el Gobierno de Extremadura a cubrir ese presupuesto con fondos propios? Está claro que no”. Para el secretario general de UPA-UCE “si el Gobierno de José Antonio Monago apostase realmente por el sector agrario no seguirían recortadas las partidas de seguros agrarios, la sanidad animal y vegetal o los fondos para la vertebración del sector”.

Sobre las elecciones al campo, Huertas ha señalado la “falta de transparencia y de garantías democráticas” que caracteriza al proceso propuesto por la Consejería de Agricultura extremeña: “Queremos elecciones, no consultas; y ésta es una ley de encuestas”. Por ello, desde UPA-UCE plantean una ley de elecciones agrarias como la que ha regido los anteriores procesos electorales celebrados en Extremadura; o similar a la legislación vigente en Madrid, Castilla y León o Cataluña; que han llevado a los agricultores y ganaderos de esas regiones a procesos transparentes y con plenas garantías democráticas.

En este sentido, UPA-UCE recuerda que “es urgente devolver el patrimonio de los agricultores y ganaderos a sus representantes legítimos, las organizaciones profesionales agrarias, ya que aún está en manos del Ejecutivo regional a pesar haberse celebrado dos procesos de elecciones al campo en Extremadura, situación que también contrasta con la de otras Comunidades Autónomas”.