Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende que, tratándose de una ley que fomenta la constitución de entidades de ámbito supra-autonómico, la única forma de asegurar el cumplimiento homogéneo de las finalidades previstas en la misma, es que el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias, (EAPs), siga llevándose a cabo por el MAGRAMA, si bien, esto puede realizarse con la debida consulta, coordinación y colaboración de las Comunidades Autónomas afectadas.

Teniendo en cuenta que las EAPs deben tener necesariamente actividad económica y base social en más de una CCAA, entendemos lógico que su reconocimiento se lleve a cabo por parte del Ministerio. Trasladar esta competencia de manera exclusiva a las comunidades autónomas puede conducir a la inoperancia de la Ley y al fracaso en la consecución de sus objetivos.

Por otra parte, Cooperativas Agro-alimentarias de España no entiende el porqué de este fallo, cuando otras cuestiones de carácter supraautonómico, como por ejemplo, las Denominaciones de Origen cuyo territorio abarca a más de una comunidad autónoma, se gestionan desde la Administración General del Estado, como parece lógico, por afectar a más de una de ellas.

La decisión del Tribunal Constitucional, en modo alguno cuestiona los elementos sustanciales de la Ley, como son el objeto y los fines -fomentar la integración de las cooperativas y la potenciación de grupos comercializadores de base cooperativa, capaces de operar en toda la cadena alimentaria, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales y que contribuyan a mejorar la renta de los agricultores-, las condiciones para el reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias, las ayudas y beneficios para fomentar esta integración y la financiación de las ayudas, que reposan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural.

Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España solicita a las administraciones que pongan en marcha los procedimientos administrativos necesarios para su correcta coordinación, y pide que esta circunstancia no sea causa de un retraso en la aplicación de esta importante Ley, y mucho menos de cuestionar las medidas de fomento de la integración cooperativa previstas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural.