La Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que los bajos precios de la carne de
cerdo en origen no se están trasladando al precio de venta al público (PVP). El
diferencial entre la granja y la mesa es el más alto de los últimos dos años:
450%. De enero de 2014 a diciembre de 2015, los precios al ganadero han caído un
25%, mientras que al consumidor apenas se han reducido un ligero 1%.

“Resulta lamentable que industria
transformadora y cadenas de distribución engorden sus márgenes mientras que una
explotación tipo pierde 4.500 euros cada mes, porque desde hace más de 12
semanas los precios pagados al ganadero no cubren ni tan siquiera los costes de
producción”, ha subrayado Jaume
Bernis, responsable del sector porcino de COAG.  

Los datos de la Lonja de Mercolleida,
confirman la tendencia observada
en el Índice de Precios Origen-Destino de los alimentos (IPOD). En 2016 el
precio medio del cerdo vivo se sitúa en 0,95 €/kg (coste de producción 1,12€/kg),
frente a un precio medio de 1,13 €/kg en 2015, 1,27 €/kg en 2014 y 1,37 €/kg en
2013. De estas cotizaciones hay que restar los eventuales descuentos practicados
por los mataderos, que rondan en torno a 0,03-0,06 €/kg vivo.

Ante esta situación, desde COAG se pide al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) que actúe y
penalice las prácticas comerciales abusivas por parte de la industria y las
cadenas de distribución. Asimismo, se solicita un esfuerzo a la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA) para aumentar sus inspecciones en este
sector.

Además, COAG pide al MAGRAMA reforzar las
negociaciones bilaterales con Rusia para procurar una apertura de su mercado y
levantar el embargo político a las importaciones agroalimentarias de la UE. La
apertura de fronteras supondría un balón de oxígeno para las exportaciones
comunitarias, (y por ende estatal) y una mayor fluidez en el mercado. En cuanto
a los costes de producción, se han de incentivar medidas que fomenten el
aprovechamiento energético de los excedentes de purines en las propias
explotaciones, lo que supondría una doble solución para los ganaderos: gestión
sostenible de subproductos y reducción de la factura eléctrica.