En las ayudas a las industrias agrarias que concede el Gobierno Vasco se favorece a las empresas que compren sus materias primas en el propio País Vasco. Esta discriminación se instrumenta a través de la concesión de 30 puntos en el baremo de selección a los «proyectos que utilicen al menos un 70% de materia prima producida en la Comunidad Autónoma del País Vasco», según las bases reguladoras publicadas en el BOPV de 7 de septiembre de 2015.

Llama la atención que la Comisión Europea haya aprobado este tratamiento desigual por origen de las materias primas, ya que el mismo texto figura en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 del País Vasco, que fue aprobado por las instituciones europeas. Esta aprobación se produjo a pesar de que la medida parece debilitar la libertad de circulación de mercancías en el mercado interior, que es uno de los pilares de la construcción europea.

Para mayor paradoja, la misma Comisión Europea, en aplicación de las normas de la Organización Mundial de Comercio, no permite poner como requisito de estas ayudas la prohibición de usar productos procedentes de terceros países.

En este caso tampoco valdría el medio ambiente (los costes ambientales del transporte) como coartada para intentar renacionalizar el suministro de materias primas, porque la medida se refiere a los productos de la CA del País Vasco, por lo que no contabilizan otros productos producidos a corta distancia en las Comunidades Autónomas limítrofes o en el País Vasco francés.