El miércoles, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso rechazó una proposición no de ley (PNL) que pretendía instar al Gobierno a oponerse a una posible aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur antes de completar su tramitación parlamentaria. La iniciativa planteaba que España no respaldara un eventual “arranque provisional” del acuerdo mientras seguía pendiente el recorrido institucional, incluido el marco jurídico en el que se encuadra la espera a un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La propuesta ponía el foco en la hipótesis de que la Comisión Europea pudiera activar la aplicación provisional —al menos de la parte comercial— antes de que se produjera la ratificación por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Con ello, buscaba fijar una posición política para que el Ejecutivo defendiera esa oposición si se abría esa vía en las instituciones comunitarias.
Qué pedía la proposición
El texto reclamaba que España no aceptara la aplicación provisional del acuerdo si se intentaba poner en marcha antes de la ratificación parlamentaria, y defendía que el proceso debía seguir su cauce completo. En el argumentario, se vinculaba la petición con los potenciales efectos del acuerdo sobre el sector agrario y ganadero y con la necesidad de garantizar coherencia con los estándares comunitarios de producción, exigencias ambientales y condiciones comerciales.
En la práctica, la PNL pretendía anticipar un debate que se ha repetido en otros acuerdos internacionales: hasta qué punto resulta conveniente activar partes de un tratado antes de culminar todas las ratificaciones cuando existen sectores que piden garantías adicionales y mecanismos de salvaguarda.
Así fue la votación
La PNL no prosperó al contar con los votos en contra de PP y PSOE. La propuesta obtuvo apoyos de Vox, ERC, Junts, Sumar, EhBildu y el Grupo Mixto (Podemos, Compromis y Coalición Canaria), mientras que el PNV se abstuvo.
El resultado deja sin respaldo de la comisión esa petición concreta dirigida al Gobierno en relación con la aplicación provisional. El debate sobre el acuerdo UE-Mercosur, no obstante, seguirá ligado a los pasos comunitarios y al ritmo de tramitación del expediente en la UE, en un contexto en el que el sector agrario mantiene el foco en las condiciones de competencia y en las garantías asociadas a los flujos comerciales.
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