Critican el doble rasero: hay un mínimo para los salarios pero no para los precios

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 fija, para trabajadores eventuales y temporeros, una cuantía de 57,82€ por jornada legal.

Con ese nuevo umbral como referencia, los salarios agrarios por encima del SMI 2026 ya serían una realidad en la práctica, al menos según los promedios efectivamente abonados en 2025. La organización agraria Unión de Uniones apunta a datos oficiales que sitúan el jornal medio pagado el año pasado en el entorno de 63–64€ en el caso de trabajadores temporales y alrededor de 65€ en el caso de indefinidos, lo que implicaría, de media, pagar entre un 10% y un 12% por encima del mínimo legal acordado para 2026.

“En el campo estamos pagando por encima porque, si no, no encontramos trabajadores”, señalan desde Unión de Uniones. La escasez de mano de obra en muchas zonas productivas está ejerciendo una presión al alza sobre los salarios reales para poder asegurar la continuidad de las tareas en las explotaciones agrícolas y ganaderas. La organización recuerda que la estructura productiva agraria española está formada mayoritariamente por autónomos y pequeñas explotaciones familiares que contratan mano de obra temporal vinculada a campañas. No se trata de grandes empresas con amplios márgenes, sino de pequeños empleadores que operan con una rentabilidad muy ajustada.

“Nos fijan el coste laboral por ley, pero nosotros no podemos fijar el precio al que vendemos”, resumen desde de la organización, recordando que el salario mínimo es un coste de producción, muy importante según en qué producciones y que se establece normativamente por el Gobierno. Sin embargo, los precios en origen se determinan en un mercado donde el productor tiene escaso poder de negociación.

“Estamos un poco cansados del doble rasero. Para algunas cosas nos dicen que hay libre mercado, para otras nos imponen precios. ¿En qué quedamos entonces?, critican. A ello se suma el incremento continuado de otros costes de producción —energía, fertilizantes, insumos, financiación— que no están siendo compensados por una mejora proporcional de los precios agrarios. Pese a la existencia de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, el sector considera que “hoy por hoy no está garantizando precios verdaderamente remunerativos”. “El debate no puede ser solo cuánto sube el SMI, sino cómo garantizamos la sostenibilidad económica del sector agrario para que el agricultor pueda pagar salarios dignos sin trabajar a pérdidas”, apunta la organización.

El objetivo compartido es claro: empleo digno en el campo y explotaciones viables económicamente. Unión de Uniones considera que está demostrado el compromiso del sector con condiciones laborales adecuadas y con el cumplimiento de la normativa vigente, pero insiste en que cualquier política salarial debe ir acompañada de medidas eficaces que aseguren precios justos y rentabilidad suficiente porque “sin ingresos también dignos para agricultores y ganaderos no habrá viabilidad para las explotaciones, ni jóvenes que quieran ejercer esta profesión”.