Los Estados miembros de la Unión Europea han debatido en el COREPER la propuesta de la Comisión Europea de modificar el acuerdo comercial con Marruecos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre de 2024, que declaró ilegal la aplicación de estos pactos al Sáhara Occidental por vulnerar el principio de autodeterminación de su pueblo. La enmienda pretende ampliar los aranceles preferenciales a los productos procedentes de este territorio, bajo certificación marroquí, con la obligación de indicar el Sáhara como origen en la etiqueta.

El mecanismo de etiquetado propuesto ha generado una fuerte oposición en el sector agrario europeo, representado por el COPA-COGECA, que advierte que, en la práctica, presentaría los productos saharauis como marroquíes, induciendo a error a los consumidores y generando una competencia desleal para los agricultores de la UE. Además, temen que se consolide un acceso preferencial para frutas y hortalizas sin garantías de transparencia ni de equidad en el mercado.

ASAJA ha expresado su rechazo frontal al acuerdo, al considerar que sienta un precedente peligroso y cuestiona el respeto de la UE al derecho internacional. La organización agraria denuncia que la creación de un nuevo código para los productos saharauis constituye un engaño para los consumidores y facilita la entrada de mercancías en el mercado comunitario sin pagar los aranceles correspondientes. Reclama un etiquetado de origen obligatorio, claro y verificable, que asegure la trazabilidad y evite fraudes en las fronteras comunitarias.

Más allá de lo comercial, ASAJA recuerda que el TJUE ha sido claro al dictaminar que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo y jurídicamente distinto de Marruecos, y que ninguna inversión ni flujo financiero puede sustituir el derecho de su pueblo a decidir libremente su futuro.

Por su parte, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha mostrado su indignación ante lo que considera un “mecanismo artificioso” de la Comisión, que ignora la sentencia del TJUE y mantiene el statu quo previo a la resolución, con apenas ajustes técnicos. La organización critica que la decisión no cumple las condiciones impuestas por el Tribunal, como la exigencia de beneficios tangibles y verificables para el Sáhara. Señala que, en la práctica, quienes se beneficiarán serán nuevas plantaciones financiadas con capital marroquí en territorio ocupado.

Unión de Uniones subraya que esta modificación no resuelve el problema de los productores españoles, que seguirán enfrentándose a importaciones con aranceles reducidos y estándares laborales, medioambientales y de trazabilidad inferiores a los europeos. A su juicio, “al final, los saharauis pierden, los agricultores españoles pierden y el único que gana es Marruecos”.

La organización reclama medidas de defensa comercial urgentes y la aplicación de cláusulas espejo en los acuerdos con Marruecos, además de que se cumpla la sentencia negociando directamente con representantes del Sáhara Occidental. Asimismo, critica que la Comisión haya negociado a espaldas del Parlamento y exige que el Consejo asuma responsabilidades al pronunciarse sobre una decisión que, según advierte, vulnera abiertamente una resolución judicial vinculante.