Mientras la Unión Europea presume de sus estrictas normativas sanitarias y de calidad, la realidad en sus aduanas refleja una historia distinta: según un estudio de la Comisión Europea, de los más de 4.777 millones de productos declarados en 2024, apenas 392.529 fueron sometidos a controles físicos. En otras palabras, se inspeccionaron solo 82 de cada millón. Esto representa un 0,0082 % del total, una cifra que plantea serias dudas sobre la eficacia real del sistema de control europeo frente a la avalancha de importaciones procedentes de terceros países.

La seguridad alimentaria debería ser una de las grandes fortalezas de la Unión Europea. Es lo que se repite una y otra vez desde las instituciones: que los consumidores europeos están protegidos, que los controles son rigurosos y que la legislación garantiza la calidad y la trazabilidad de lo que entra en el mercado. Sin embargo, este dato reciente ha puesto esa narrativa contra las cuerdas. No se inspecciona ni un 1 %, ni un 0,1 %, ni siquiera un 0,01%. Apenas una mínima fracción. Tan pequeña, que, si no fuera por su gravedad, parecería anecdótica.

Por si no fuese suficiente, de los productos que sí fueron inspeccionados, más de 64.000 fueron rechazados por incumplir normas sanitarias, de seguridad o de calidad. Esto representa nada menos que un 16,4 % de tasa de rechazo entre lo que se llegó a mirar. Uno de cada seis productos inspeccionados no cumplía con los requisitos exigidos. Sin embargo, estamos revisando solo una parte diminuta del total. Si ese mismo porcentaje de incumplimiento se repitiera a gran escala, millones de productos en mal estado, contaminados o fraudulentos podrían estar entrando cada año en los mercados europeos sin que nadie los detecte. No por falta de normas, sino por falta de controles.

Ese 16,4 % de productos rechazados no es solo una cifra elevada, es una evidencia de que las importaciones con irregularidades no son casos aislados. Lo llamativo es que esta tasa de rechazo no se corresponde con un sistema de vigilancia masivo, sino con una muestra extremadamente reducida de apenas el 0,0082 % del total importado, lo que indica que los controles son insuficientes. Si las aduanas europeas identifican un producto no conforme por cada seis que examinan, eso revela que el sistema de selección por riesgo funciona, pero también que se está dejando pasar una cantidad inmensa de mercancías sin comprobar. De hecho, la proporción de productos rechazados sobre el total importado es apenas del 0,0013 %, lo que confirma que lo verdaderamente escaso no son los fraudes, sino los controles.

El caso adquiere mayor relevancia cuando se pone en contraste con lo que se exige a los productores europeos, y en particular a los agricultores y ganaderos. En España y en todos los Estados miembros, se someten normativas cada vez más estrictas en cuanto a uso de fitosanitarios, bienestar animal, trazabilidad, impacto ambiental y seguridad alimentaria. Cada incumplimiento puede traducirse en sanciones, retirada de ayudas, o incluso el cierre de

explotaciones. Mientras tanto, sus competidores de fuera de la UE, en muchos casos, operan con estándares mucho más bajos, pero acceden sin apenas filtros al mismo mercado.

Este desequilibrio no solo es injusto, sino que pone en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrarias. Cuando un agricultor español tiene que competir en precio con un producto marroquí o sudamericano que no ha pasado por los mismos controles, el resultado es previsible: desventaja económica, presión a la baja sobre los precios y desincentivo a mantener los estándares exigidos. Y todo esto ocurre con la aprobación silenciosa de unas instituciones europeas que miran hacia otro lado mientras hablan de sostenibilidad y de defensa del modelo agrícola europeo.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el marco de los acuerdos comerciales que la Unión Europea ha suscrito o está negociando con países como Ucrania, Estados Unidos o el bloque del Mercosur. Estos acuerdos abren aún más las puertas a productos agroalimentarios que, en muchos casos, están sujetos a normativas sanitarias mucho menos exigentes que las europeas o, directamente, a la ausencia de regulación.

Ejemplos como el uso de neonicotinoides en la remolacha azucarera (prohibidos en la UE por su efecto sobre los polinizadores) sigue estando permitido en Ucrania. En el arroz importado desde Asia se han detectado residuos de triziclazol, un fungicida también vetado en Europa. La producción de carne de vacuno en países del Mercosur utiliza hormonas de crecimiento que están expresamente prohibidas en el mercado comunitario, y en materia de bienestar animal, muchos de estos países carecen de cualquier tipo de norma equivalente. A pesar de ello, estos productos entran sin apenas filtros, generando una competencia desleal que va en contra de los principios que la UE dice defender.

El problema no es nuevo, y tampoco exclusivo de 2024. Pero las cifras recientes confirman una tendencia preocupante: el sistema europeo de control de importaciones está lejos de ser tan robusto como pretende. Y esto tiene consecuencias que van más allá de lo técnico o lo burocrático. Afecta directamente a la confianza de los consumidores, a la seguridad alimentaria de millones de personas y a la supervivencia del modelo agrario europeo. El sistema actual no protege al consumidor y está promoviendo una competencia desleal.

Es imprescindible exigir a la Comisión Europea una revisión en profundidad del actual marco normativo. No basta con responsabilizar a los Estados miembros por la debilidad de los controles si el sistema legal europeo no establece una obligación clara, vinculante y eficaz para garantizar inspecciones suficientes. Si el porcentaje de control actual es tan deficitario, la legislación debe modificarse para forzar a los países a reforzar sus sistemas bajo amenaza de sanciones. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo más equilibrado, garantista y justo.

La conclusión es tan clara como preocupante: no se puede seguir hablando de control eficaz cuando apenas se inspecciona el 0,0082 % del total. No se puede hablar de protección del consumidor cuando se permite que millones de productos lleguen sin una revisión real. Y, desde luego, no se puede exigir a los agricultores europeos que sigan cumpliendo con normativas cada vez más estrictas mientras se deja la puerta abierta a una competencia sin control.