La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) del Altiplano de Granada ha vuelto a reclamar al Ministerio de Agricultura la inclusión de los agricultores de esta zona en las ayudas por sequía destinadas a cultivos de frutos secos de cáscara en secano situados en zonas con riesgo de desertificación. La organización agraria denuncia una exclusión que considera injustificada y advierte que, de no haber respuesta satisfactoria, retomarán las movilizaciones.
La responsable de COAG Altiplano, Clara Torreblanca, ha declarado que el Ministerio no se está apoyando en criterios técnicos válidos para justificar la exclusión, ya que se basa en los datos de un pluviómetro no oficial y ubicado fuera del área afectada, en lugar de utilizar los registros oficiales de la AEMET, que sí reflejan los efectos reales de la sequía en los cultivos del territorio.
La medida afecta directamente a más de 2.000 agricultores de almendro, pistacho, avellano y algarrobo en régimen de secano, repartidos por las comarcas de Baza, Huéscar y Guadix. En total, la superficie perjudicada asciende a 71.535 ha distribuidas entre 23 municipios del norte de Granada, entre ellos Orce, Galera, Huéscar, Baza, Guadix o Jerez del Marquesado.
COAG denuncia que estos productores han quedado fuera tanto de la ayuda asociada como de la extraordinaria publicada en el Real Decreto del 4 de marzo, a pesar de cumplirse en muchos casos los criterios establecidos: cultivos en pendientes superiores al 10 % o precipitaciones anuales por debajo de los 300 mm. Además, la reciente corrección que descuenta las lluvias torrenciales superiores a 30 mm diarios tampoco ha revertido la exclusión en el caso del Altiplano, a pesar de que se cumplen esas condiciones.
La organización agraria considera que esta decisión penaliza aún más a una zona especialmente vulnerable y con una fuerte dependencia del cultivo de frutos secos, cuyas explotaciones atraviesan graves dificultades de rentabilidad. Según Torreblanca, estas ayudas son esenciales para evitar el abandono del campo, y su exclusión supone un agravio territorial sin base técnica que afecta a agricultores que ya han sufrido importantes pérdidas por la falta de agua.
COAG advierte además de la amenaza adicional que representa la inminente entrada masiva de almendra foránea por la reducción arancelaria, lo que podría hundir aún más los precios en un contexto de precariedad.
La organización insiste en que no descarta nuevas movilizaciones si el Ministerio de Agricultura no da marcha atrás y corrige lo que califican como una discriminación flagrante. “Volveremos a salir a la calle las veces que haga falta”, ha afirmado Torreblanca.
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