La reciente propuesta del Ministerio de Agricultura para establecer un sistema de reaseguro europeo en el ámbito agrario ha sido bien recibida por ASAJA Córdoba, que valora el enfoque siempre que sirva para eliminar de la serie histórica los años marcados por fenómenos climáticos excepcionalmente anómalos. La organización sostiene que las indemnizaciones derivadas de estas situaciones deberían abonarse con fondos europeos o nacionales ajenos al seguro agrario, lo que aportaría mayor estabilidad al sistema.

En 2023, las indemnizaciones por siniestros climáticos alcanzaron un récord histórico de 1.400 M€, siendo la sequía la principal causa. ASAJA Córdoba considera imprescindible que el Estado refuerce su apoyo al sistema de seguros agrarios y reitera su demanda de una reforma profunda del modelo actual.

La organización denuncia que la inclusión de años especialmente adversos en la serie histórica penaliza de forma desproporcionada a los agricultores, incrementando el coste de las pólizas y reduciendo las coberturas. Según ASAJA Córdoba, esta situación ha generado un notable descontento entre los agricultores y ganaderos, al considerar que el sistema no responde a las necesidades reales del sector.

En este sentido, la organización reclama una reforma drástica de las líneas de seguro, con el objetivo de garantizar la renta de los productores ante fenómenos meteorológicos extremos o enfermedades animales, cuya aparición escapa a cualquier control.

ASAJA Córdoba comparte con el Ministerio la necesidad de establecer herramientas europeas, con participación del Banco Europeo de Inversiones, que aporten financiación adicional al sistema nacional. De este modo, se evitaría el encarecimiento de las primas en campañas especialmente complicadas.

Además, insiste en que el Ministerio debe abordar de forma inmediata una reforma integral del sistema actual, para evitar que agricultores y ganaderos queden desprotegidos ante los riesgos derivados del cambio climático. ASAJA Córdoba también plantea la necesidad de reflexionar sobre si puede considerarse que un cultivo está asegurado cuando en algunos casos no se alcanza ni el 10 % de contratación.