La propuesta de simplificación de la Política Agraria Común (PAC), presentada esta semana por la Comisión Europea, incluye un incremento del 0,5 % en los límites del presupuesto destinado a los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Sin embargo, esta modificación ha sido calificada de insuficiente por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), que considera que no responde a las necesidades reales del sector.

Según recoge la propuesta comunitaria, la ayuda financiera de la Unión Europea para los programas operacionales se sitúa actualmente entre el 4,1 % y el 5,5 % del valor de la producción comercializada, dependiendo del tipo de beneficiario y los objetivos del programa. La enmienda al artículo 52(2) del Reglamento (UE) 2021/2115 propone elevar estos umbrales en 0,5 puntos porcentuales, siempre que se cumplan determinadas condiciones dentro del marco del Plan Estratégico de la PAC.

Competencia exterior y falta de reciprocidad

FEPEX advierte de que el aumento presupuestario es insuficiente para afrontar los retos estructurales del sector hortofrutícola europeo, en especial ante la creciente competencia de países terceros como Marruecos o Turquía. Esta competencia se ha intensificado en el contexto de una globalización acelerada del mercado comunitario, sin que se hayan adoptado medidas eficaces para exigir reciprocidad en las condiciones de producción y comercialización.

La organización lamenta que, mientras las producciones comunitarias cumplen con estrictos requisitos medioambientales, sociales y sanitarios, las importaciones procedentes de terceros países continúan entrando en el mercado europeo sin cumplir esos mismos estándares.

Dudas sobre la efectividad de la simplificación

En una primera valoración de la propuesta, FEPEX también ha cuestionado la eficacia de las medidas anunciadas en relación con la simplificación administrativa. A su juicio, las modificaciones no garantizan una reducción real de la carga burocrática que actualmente recae sobre las explotaciones, especialmente en lo relativo a la gestión agronómica.