El sector agrario español enfrenta una situación crítica debido al aumento continuo de los costes laborales, con la pérdida de miles de explotaciones y puestos de trabajo en los últimos años. Según datos del INE, entre 2010 y 2020 desaparecieron 75.000 explotaciones agrarias, a las que se suman al menos 5.000 más en los últimos cuatro años, debido a los elevados costes de producción, la competencia de terceros países y precios en origen que no permiten la rentabilidad. En este contexto, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propuesta por el Gobierno podría tener un impacto devastador en el sector.

Desde 2016, el SMI ha pasado de 655 euros a los actuales 1.134 euros, lo que representa un aumento del 80 %. Con la última propuesta del Gobierno de incrementarlo en 50 euros adicionales, el SMI alcanzaría los 1.184 euros, situando el coste total para las empresas en torno a 1.903 euros mensuales por trabajador. De esta cifra, 720 euros corresponden a impuestos y cotizaciones sociales, agravados por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que seguirá aumentando hasta 2029.

Impacto en el sector

ASAJA advierte que esta subida, al igual que las anteriores, tendrá efectos negativos en el empleo agrario. En los últimos años, se han perdido 90.000 puestos de trabajo en el campo, mientras que muchas explotaciones enfrentan la paradoja de no encontrar mano de obra suficiente para las campañas de recolección o las tareas diarias propias del sector.

La subida del SMI también podría dificultar los procesos de negociación colectiva en curso y desestabilizar los convenios laborales existentes, según ASAJA. Además, la organización critica la falta de apoyo del Ministerio de Trabajo hacia el sector primario, evidenciada en la reforma laboral y en propuestas como la reducción de la jornada laboral, que podrían generar efectos contraproducentes para la productividad y competitividad de las explotaciones agrarias.

ASAJA no rechaza la mejora de las condiciones salariales para los trabajadores, pero subraya que cualquier incremento debe ir acompañado de compensaciones o bonificaciones que alivien las cargas sociales y fiscales de los empresarios agrarios. Sin estas medidas, el sector no podrá soportar nuevas subidas del SMI sin poner en riesgo su sostenibilidad.