El sistema de seguros agrarios se ha visto sometido a una gran tensión en los últimos años, como consecuencia de las adversidades y siniestros ocasionados por el cambio climático en el campo. Así, en 2023 se alcanzó una cifra récord de indemnizaciones, con más de 1.180 millones de euros, un  57 % más que en 2022, año en el que los siniestros indemnizados ya superaron cifras nunca pagadas antes.

En la Conferencia Sectorial celebrada ayer en Pamplona, el Ministro de Agricultura, Luis Planas ha explicado que el sistema ha funcionado bien y ha mostrado su fortaleza, pero es necesario, ante este escenario, tomar medidas para garantizar su sostenibilidad y un uso eficiente de los recursos públicos. Para 2024, el ministerio ha destinado una partida de casi 285 M€ para subvencionar la contratación de pólizas de seguro agrario, con el foco puesto en algunos colectivos prioritarios, entre ellos, los jóvenes.

El ministro ha solicitado el compromiso de las comunidades autónomas para que, en el marco de sus competencias y disponibilidades presupuestarias, complementen la ayuda para la contratación del seguro agrario hasta los umbrales máximos permitidos por la normativa comunitaria.

El consejero de Castilla y León, Gerardo Dueñas, ha recordado al ministro, ante su petición para que sean las comunidades autónomas las que aporten más presupuesto al sistema de seguros agrarios, que Castilla y León ha aumentado su aportación a los mismos en un 28 % desde el inicio de la legislatura (de 10,6 a 13,6 millones de euros), mientras el Ministerio ha reducido su parte en 73 millones.

El consejero aragonés, Angel Samper, ha incidido en que tiene que haber una nueva política de seguros, ya que no se puede estar todos los años pendientes de las inclemencias meteorológicas y sufragando los daños desde el ministerio y las propias comunidades autónomas. La recomposición en la estrategia de los seguros debe llegar, ya que hay muchos agricultores que no aseguran sus cosechas por el elevado coste de los mismos.

El conseller valenciano José Luis Aguirre, ha calificado la propuesta el MAPA con respecto a los seguros agrarios de “engañosa” ya que se solicita un mayor esfuerzo a las CCAA sin un compromiso claro y definido por su parte. Ha señalado que no van a suscribir la propuesta del MAPA porque deja fuera a los agricultores a tiempo parcial y porque no establece la cuantía con la que va a contribuir en ministerio. Ha recordado que la aportación del gobierno valenciano al seguro agrario es, con diferencia, la mayor de España -con más de 32 millones de euros- y el máximo subvencionable ya llega al máximo permitido.

La conselleira gallega, María José Gómez, ha pedido al Ministro aumentar su cuota de subvención, ya que en el conjunto de España se sitúa en casi el 40%, pero en Galicia baja hasta el 29,9%. Ha defendido un cambio en el sistema de seguros agrarios, especialmente ampliando la cofinanciación para el sector ganadero. La Xunta ha destinado este año 8,5 millones de euros a los seguros agrarios, una cifra que representa casi el doble de la inversión realizada en 2017.

La consejera murciana, Sara Rubira, ha trasladado la necesidad de culminar los trabajos de diseño de un nuevo modelo más eficiente, que reduzca los gastos de gestión, continúe con el sistema público-privado, que sea voluntario y que diferencie entre coberturas de riesgo básicas y adicionales. Murcia ha aumentado este año el presupuesto en un millón de euros para poder ayudar a más agricultores y ganaderos, y el próximo año habrá un incremento del 12%, lo que se traduce en un crecimiento de las contrataciones del 17% en el importe de las primas, del 20% en la superficie asegurada y del 25% del capital asegurado.

El consejero andaluz, Ramón Fernandez-Pacheco, ha señalado que Andalucía ya llega hasta los niveles que ahora propone el Ministerio para todos los territorios (subvención autonómica de hasta el 75% sobre la prima comercial base neta y del 70% sobre el recibo que abonan los asegurados) y que ha aumentado la dotación de las líneas de ayudas en los últimos años para pasar de los 8 M€ de presupuesto autónomo que se destinaban en 2018 hasta los 16,5 M€ para 2024 de cara a facilitar la contratación de seguros agrarios.

El consejero castellano-manchego, Julián Martínez Lizán, ha destacado que hay que modificar los seguros agrarios para hacerlos más cercano a los agricultores en cuanto a costes se refiere, pero también en cuanto a las normas de aseguramiento y peritación. Recordó que en los últimos 9 años se ha aumentado el apoyo a los seguros agrarios, pasando de 3,2 a 9,5 M€ en esta última anualidad de contratación.

La consejera extremeña Mercedes Morán, ha aseverado que la propuesta del Ministerio no les convence en absoluto porque «habla solo de dinero» y no de «una revisión integral del sistema» para que se adapte a la realidad productiva de Extremadura. Puso de ejemplo el seguro de la cereza, que no es un seguro que esté funcionando por lo que necesita una revisión, para que este producto tan importante para Extremadura pueda verse cubierto por un seguro efectivo.

El consejero cántabro, Pablo Palencia, ha señalado que el sector agrario necesita de una revisión en profundidad de los seguros agrarios y que la propuesta del ministro Planas carece de un compromiso específico de adaptar el sistema de seguros a la realidad del campo.

La consejera riojana, Noemí Manzanos, ha asegurado que los niveles de aseguramiento en las principales líneas alcanzan el 70% de la superficie de cultivo en La Rioja, donde, además, el porcentaje de la prima subvencionado por la Comunidad está en niveles máximos. Apuntó que las mejoras en el sistema de seguros agrarios deben ser más profundas e ir dirigidas a lograr mayores coberturas y mejor adaptación a las necesidades de los cultivos, en lugar de en aumento del presupuesto.