El ministro de Agricultura, Luis Planas, apeló ayer a la responsabilidad de las comunidades autónomas para que, en el ámbito de sus propias competencias, se impliquen en la adopción de medidas que den respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos, en coordinación con el Gobierno y de acuerdo a las decisiones sobre flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) que adopte la Unión Europea (UE).

El ministro presidió ayer, por videoconferencia, la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios preparatorio del Consejo de Ministros de la UE que se celebrará el próximo lunes, día 26, en la que ha pedido a las comunidades autónomas “colaboración y apoyo” para la aplicación de las 18 medidas comprometidas por el Gobierno en la última reunión con las organizaciones agrarias y para que arbitren también iniciativas complementarias.

El encuentro ministerial del 26 de febrero tiene como punto clave del orden del día la “necesidad de respuestas rápidas y estructurales a la situación de crisis actual en el sector agrario”. España ya ha enviado a la Presidencia de turno del Consejo de la UE, así como al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski. Para ver las propuesta, pinche aquí.

“En esto, como en todo lo que es la administración de los gobiernos [central y autonómicos] deberíamos caminar todos unidos sea cual sea el color político si realmente queremos responder a los problemas”, ha asegurado Planas. El ministro ha recordado que el artículo 148 de la Constitución Española establece que las comunidades autónomas “podrán asumir competencias en la agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía”. 

En esta línea ha citado las ayudas para fomentar la incorporación de jóvenes a las actividades agrícolas y ganaderos, asunto que es uno de los principales retos actuales del sector, y sobre el que el ministro ha recordado su compromiso de convocar a las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial extraordinaria específica para abordarlo y coordinar actuaciones.

Planas ha pedido también a las comunidades autónomas apoyo pada dar asesoramiento e información a agricultores y ganaderos sobre el cuaderno digital de explotación. La voluntariedad de su aplicación es una de las medidas comprometidas por el ministro en su última reunión con las organizaciones profesionales agrarias, el pasado día 15. 

También ha sugerido que las comunidades autónomas que, ante las actuales circunstancias de aumento de la siniestralidad como consecuencia del cambio climático, las comunidades autónomas refuercen su apoyo a la contratación de pólizas de seguro y que refuerce el que ya presta el Gobierno, que este año destinará a esta línea de ayudas 284,5 millones de euros.

Con respecto a la aplicación de la ley de la cadena, el ministro ha recordado a las comunidades autónomas la necesidad de su implicación en la labor de inspección y control que les atribuye la ley, en el marco del comité de gestión creado con la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Esta labor, ha reiterado, será fundamental para mejorar la aplicación de la ley y más aún ante la próxima conversión de este organismo en agencia estatal.

Propuestas de simplificación de la PAC

España aboga, con las medidas propuestas, por simplificar la carga administrativa de agricultores y ganaderos. Entre ellas, además de solicitar la derogación para 2024 de la rotación de cultivos, así como la eliminación de la obligación de dejar superficies no productivas, el ministro propone eliminar la exigencia de la foto georreferenciada en la declaración de la PAC.

España propondrá ampliar el catálogo de ecorregímenes para tener en cuenta a las zonas especialmente áridas y que el cuaderno digital sea voluntario.

Además, el ministro Planas insistirá en cambios a corto plazo en la condicionalidad reforzada, en introducir flexibilidades en los planes estratégicos, en incidir en que las cláusulas espejo tengan mayor reflejo en la normativa comunitaria para evitar la competencia desleal de terceros países y revisar la directiva de prácticas comerciales desleales, entre otros.