El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha solicitado por carta, a los consejeros de las comunidades autónomas que basen las flexibilidades de determinados requisitos de la Política Agraria Común (PAC) en un análisis detallado de las condiciones climáticas de su territorio, para evitar posteriores correcciones financieras de la Comisión Europea (CE) que afecten a sus agricultores y ganaderos.

El ministro ha recordado que la normativa de desarrollo del Plan estratégico de la PAC 2023-27 prevé diferentes flexibilidades para tener en cuenta las situaciones que puedan darse en las distintas zonas de España.

Así, ha citado como ejemplos que los requisitos de los ecorregímenes pueden variar en función de si un pasto es húmedo o mediterráneo; o de si una tierra de cultivo es de secano o regadío, y se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas, en función de las condiciones climáticas, puedan ajustar diferentes parámetros, como la carga ganadera o el porcentaje máximo de barbecho, entre otros.

Ha insistido en que las CCAA son las que tienen un conocimiento cercano de sus territorios y son las que saben qué flexibiliades a aplicar, dentro de las prevista pero ha pedido que dicha decisión se haga con “responsabilidad”, y evitar que la decisión que adopten “pueda conllevar en términos de correcciones financieras” para la comunidad autónoma.

La flexibilidad no debe ser un desvío en el cumplimiento de los objetivos medioambientales, por lo que ha recomendado a las comunidades autónomas que empleen indicadores objetivos en los informes en los que amparen sus decisiones, los cuales deben quedar a disposición de los procedimientos de fiscalización del gasto, particularmente importantes por tratarse de fondos comunitarios. A este respecto, ha recordado que las consecuencias financieras que pudieran derivarse del recurso indebido a las flexibilidades deberán ser asumidas por la comunidad autónoma.