El viernes pasado se celebró una reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) en Bruselas, en el que los Estados miembro debatieron si la materia activa glifosato debería volver a autorizarse. Dos días antes, la Comisión Europea había propuesto renovar la autorización del glifosato por diez años, bajo determinadas condiciones. Dichas condiciones son  medidas de mitigación de riesgos relativas al entorno de las zonas fumigadas, en particular mediante el establecimiento de “franjas de protección” de 5 a 10 metros y el uso de equipos para reducir drásticamente la deriva de aspersión.

El Ministerio alemán de Agricultura publicó una nota el mismo viernes por la tarde, en la que abogaba por una eliminación progresiva del glifosato en Europa, alegando que no se puede descartar el daño a la biodiversidad como base para una agricultura sostenible. También advertía , que las condiciones que propone la CE son solo parcialmente obligatorias, lo que significa que no existen normas armonizadas.

La propuesta de la CE será sometida a votación el 13 de octubre próximo. Para ser autorizada se necesita mayoría cualificada, lo que significa que el 55 % de los Estados miembros tiene que votar a favor, lo que en la práctica es 15 países a favor de los 27 de la UE. Los Estados miembros favorables a la propuesta representan al menos el 65 % de la población total de la UE.

Es previsible que Alemania vote en contra. No hay que olvidar que uno de los acuerdos del actual gobierno, que es un triunvirato de tres partidos (los social-demócratas, los verdes y los liberales), es que Alemania deje de usar el glifosato a final de este año. Por tanto, Alemania va a hacer todo lo posible para que se prohíba a nivel de la UE y evitar que sus agricultores se encuentren en desventaja con respecto a sus homólogos comunitarios.

La actual autorización del glifosato en la UE se renovó en 2017 por cinco años, por lo que ésta expiró el 15 de diciembre de 2022, pero se prorrogó por un año, a la espera de una evaluación científica del herbicida. En julio pasado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó su informe, en el que indicaba que no había identificado ninguna área crítica de preocupación en humanos, animales y medio ambiente.